La 'Operación Taula' llevada a cabo este martes por la Guardia Civil en Valencia se dirige contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas valencianas --Ayuntamientos, Diputación Provincial de Valencia y Generalitat-- que se descubrió a raíz de la denuncia por el caso Imelsa, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos. Entre los detenidos (se prevén un total de 24) están el expresidente 'popular' de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y la exconcejal en la capital María José Alcón.
Según las fuentes consultadas, la investigación se inició a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa por parte de su entonces director gerente, Marcos Benavent.
Sin embargo, las investigaciones apuntaron a que la trama afectaba a un ámbito mucho mayor y se presentó una querella más detallada ante los Juzgados de Valencia. El pasado marzo, el juez incoó diligencias por diversos delitos contra la administración pública (entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales).
El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado a través de su Delegación en Valencia. La operación la ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en calidad de Policía Judicial.
En total, están previstos 33 registros, incluidos los del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, los domicilios particulares de los investigados y también en empresas como Ciegsa --empresa pública dedicada a la construcción de colegios-- y otras entidades como la Fundación Jaume II y la se del Club Deportivo Olímpic de Xátiva.
Los agentes de la Guardia Civil también han embargado un total de 150 vehículos de alta gama de las personas implicadas y han bloqueado 252 cuentas corrientes.