Figueres ha comparecido como imputado en la causa en la que el juzgado número 5 de Castellón investiga presuntas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones, que no se llegó a realizar por la crisis económica y por el que Calatrava recibió 2,7 millones de euros en concepto de redacción del plan director, anteproyecto y proyecto básico del centro. Asimismo, en este jornada ha declarado como imputado Javier Manso, quien también ocupó un cargo en SPTCV, una sociedad en proceso de extinción actualmente.
El abogado de EUPV, formación que está personada en la causa, José Luis Romero, ha explicado las declaraciones y ha apuntado que han sido rápidas porque ambos sólo han contestado a las preguntas del juez, fiscal y defensas pero no a las de la acusación popular.
Según Romero, Nicolás Figueres ha explicado que, como Calatrava envió un "requerimiento notarial" amenazando con tomar acciones judiciales, tanto él como la entonces directora general de Grandes Proyectos, Cristina Morató, decidieron hacer el pago "con la condición de que se ajustara al presupuesto".
Manso, apoderado de la sociedad, ha declarado por su parte que era un "mandado" y que únicamente "hacía la contabilidad y firmaba los pagarés", según el letrado de EUPV.
Romero ha lamentado que, al no haber contestado a las preguntas de la acusación popular, se ha perdido la oportunidad de explicar "por qué se abona ese dinero" cuando en un Consejo del año 2009 de SPTCV "se acordó que no se pagaba". Asimismo, ha subrayado que tampoco han explicado por qué el 30 de marzo de 2011 se reunió el Consejo de la sociedad para valorar ese pago de 2009, "justo cinco días después de que EUPV presentara la denuncia".
VALORACIÓN DE LOS SILENCIOS
El letrado, que ha subrayado que los silencios en estos casos también se valoran, ha indicado que también se les ha preguntado "por qué se pagaron 2,7 millones cuando no había documentación sobre la parcela donde se iba a construir el proyecto, porque eso significa que se pagó sin garantías, es decir, se pagó por nada".
"Al final, contestar o no a una pregunta es un derecho constitucional, pero la acusación tiene derecho a preguntar, y los silencios también se valoran", ha dicho. Las sesiones seguirán el próximo día 22, con la declaración de los testigos del Ayuntamiento de Castellón. El día 28 será el turno del arquitecto, en calidad de imputado.