En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Gómez ha reconocido que si las informaciones se confirman es un "asunto desgraciado" y ha puntualizado que quien debe dar la información es el Gobierno del PP: "Fue presentada, analizada y pagada por los actuales responsables".
En todo caso, ha puntualizado que las supuestas facturas se pagaron con cargo a una línea de subvención que existe desde hace 17 años para sufragar actividades de prevención de riesgos laborales y de la que reciben dinero unas 170 entidades.