En un auto dado a conocer este viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 admite la solicitud de la empresa compradora para hacerse con el negocio, medida a la que se han mostrado favorables la práctica unanimidad de los afectados, así como las instituciones de defensa del interés público, esto es, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.
Según el magistrado, en este caso debe primar el principio de conservación del negocio frente a propuestas como la del concurso, pues la "viabilidad del negocio garantiza los puestos de trabajo", así como que ello no tiene coste para las arcas públicas "gracias a la propuesta de inversión privada, al préstamo que desparece con la venta, a la condonación y quita que de otra forma no se daría".
(HABRÁ AMPLIACIÓN)