La cifra, si sumamos aquellos asesinatos ya prescritos, supera los 300. Es el caso, por ejemplo, de Juan María de Araluce, el que fuera presidente de la Diputación de Guipúzcoa. Hay casos excepcionales. Ese es el del asesinato del guardia civil Aurelio Prieto, perpetrado en 1980. La prescripción quedó interrumpida ante la petición de extradición de sus asesinos, refugiados en Venezuela. Son datos de las asociaciones de víctimas del terrorismo, las que mejor conocen esa trágica estadística.
La desconfianza de los investigadores para resolver todos esos crímenes tiene una explicación. En palabras de un veterano juez de la Audiencia Nacional, "a las pistolas que entreguen los etarras no podemos practicarle la prueba del carbono 14". Según este magistrado, “en el mejor de los casos, las pruebas de balística situarían esas armas en los escenarios de los crímenes, pero no identificarían a los que las empuñaron”.
Otro miembro de esa Lucha Antiterrorista, precisamente con destino en Francia, donde en los últimos años ha dejado a un lado más de una veintena de años de experiencia en la investigación de ETA para centrarse en el terrorismo yihadista, mostraba su total descrédito ante el valor que puedan aportar las armas etarras: “no me cabe la menor duda que las que entreguen estarán blanqueadas”. Nada de huellas, nada que pueda incriminar a nadie, nada que pueda situarlas en un escenario criminal.
Víctimas e investigadores coinciden en un extremo. En estos momentos ETA no se plantea ayudar a aclarar sus atentados ni sus crímenes de autor desconocido. La escenificación de su entrega de armas respondería a la imperiosa necesidad de tratar de demostrar a su gente, a sus más de 300 presos, que aún deciden cuándo y cómo.
Desde la Audiencia Nacional, el tribunal competente para investigar y juzgar el terrorismo, señalan que la voluntad de poner un punto final a esos 60 años de terrorismo pasa por algo más que la entrega de las armas. Lo más importante es resarcir a sus víctimas. Especialmente a las familias que aún esperan justicia.
La única salida de ETA para llegar a ese final, apuntan las diferentes fuentes consultadas, es con el reconocimiento del crimen. Los jueces recuerdan que ese reconocimiento y la ayuda al esclarecimiento de los atentados conllevan importantes beneficios contemplados por el Código Penal. El artículo 379 permite que el castigo pueda verse rebajado hasta en dos grados. Un delito castigado con 10 años quedaría en dos años y medio. Uno de 20 años, en tan solo cinco.
Pero en esto también coinciden las fuentes consultadas. Ni mucho menos parece que estemos cerca de ese otro escenario.