Tras la reunión del grupo de trabajo para desarrollar este plan, el vicepresidente, Alfonso Rueda, y la titular de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, han anunciado esta ampliación de la exención del copago farmacéutico, que hasta ahora solo beneficiaba a los perceptores de la Risga o a quienes habían agotado el subsidio por desempleo.
Ahora, Mato ha concretado que la Xunta pretende "ampliar el colectivo diana", de forma que casi se duplicará el número de beneficiarios. "Se trata de acercarnos a familias con ingresos salariales bajos y, sobre todo, con menores a cargo", ha detallado, para añadir que los baremos que se apliquen serán los que regula la ley de inclusión social.
"Es decir, en una familia de cuatro miembros, esta medida estaría definida por unos ingresos de unos 600 euros. Enmarcaremos esa capacidad en función de lo que ya está legislado", ha sentenciado la conselleira, mientras que Rueda ha concretado que la Xunta se hará "cargo del cien por cien del coste de los medicamentos" de las familias que perciban "ingresos iguales o inferiores" a los que dan derecho a la Risga.
MEDIACIÓN FRENTE DESAHUCIOS EN ALQUILER
Mato ha ceñido esta iniciativa a la estrategia de inclusión social impulsada por el Ejecutivo autonómico, con horizonte hasta el año 2020, e integrada por 300 medidas avaladas por un compromiso presupuestario de 500 millones de euros.
La responsable de Benestar ha situado esta estrategia "ambiciosa" en la línea del "compromiso" del Gobierno de Feijóo con los "más desfavorecidos" plasmado --ha defendido-- con el "incremento año tras año", desde 2009, de los fondos para perceptores de Risga y entidades de lucha contra la exclusión, entre otras iniciativas con fin social.
En esta coyuntura, Mato también ha aludido al programa 'Reconduce', impulsado para colaborar con las familias que se enfrentan a un desahucio y, hasta el momento, focalizado en ayudar a quienes perdían su vivienda por no poder hacer frente al pago de una hipoteca.
En un año, las oficinas de asesoramiento de este programa, que se ampliarán con otras cuatro nuevas en las distintas provincias, han atendido a 300 familias. En 80 casos, el Ejecutivo autonómico pudo mediar con las entidades financieras para que no ejecutasen el desahucio.
La Xunta planea ahora ir "inmediatamente" un paso más allá y, con el fin de evitar que familias que viven de alquiler se queden en la calle, aspira a ejercer estas labores de "mediación" con los propietarios privados de las viviendas.
"SERÍA INJUSTO"
A su vez, Rueda ha negado que estas decisiones, en la línea con el anuncio de una bajada de impuestos autonómicos sobre bienes inmuebles, sea consecuencia directa de los resultados de las elecciones municipales, que se han traducido en una significativa pérdida de poder para los populares.
"Sería tan injusto como decir que hasta ahora no se ha hecho nada", ha aseverado, para añadir que "se han hecho muchísimas cosas" e interpretar lo contrario solo significaría "equivocarse".
Sí ha reconocido la necesidad de mejorar en la comunicación y no solo con el objetivo de que la población conozca en qué invierte sus recursos el Ejecutivo, sino de que el colectivo susceptible de beneficiarse de estas ayudas, sepa de su existencia y pueda tramitarlas.