Los recursos aparecen publicados este jueves en el BOE por el Supremo, junto a una quincena de denuncias contra la misma normativa, entre las que figura la de la multinacional nórdica del papel Stora Enso, que tiene sede en Barcelona e intereses en la actividad de cogeneración, también sometida al recorte retributivo.
Además de estas denuncias, procedentes en su mayor parte de pequeñas empresas, el Supremo también ha admitido a trámite un recurso del Ayuntamiento catalán de Santa Coloma de Gramanet en contra del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión.
Los nuevos recursos contra la normativa de renovables y cogeneración se suman a los cerca de cuarenta ya admitidos a trámite por el Alto Tribunal, entre los que destacan el de la asociación de empresas termosolares Protermosolar y el de la asociación de referencia de energías renovables APPA.
También han acudido a la Justicia empresas como Ence, Fotowatio, EDP Cogeneración o Sener, así como administraciones como la Junta de Extremadura o asociaciones como la de Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines y la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (Hispalyt).
El nuevo mecanismo retributivo para las tecnologías del anteriormente conocido como régimen especial fija una rentabilidad antes de impuestos cercana al 7,5% a lo largo de toda la vida útil de la instalación, conforme a unos estándares en función de las características de las plantas.
Los demandantes han presentado sus recursos contra el real decreto 413/2014 y la orden IET/1045/2014. El primero regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos, mientras que la orden ministerial contempla los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a las distintas instalaciones.