Las reclamaciones cuya desestimación ha elegido el Gobierno son las formuladas por las empresas Udesa y Electra de Santa Comba, en las que solicitan sendas indemnizaciones por los daños producidos como consecuencia de la aplicación del real decreto ley de julio de 2013 en el que se recogían medidas para atajar el déficit de tarifa.
El Gobierno rechaza estas peticiones de indemnización, cuyo valor asciende a 1,9 millones de euros, con el argumento de que la grave situación financiera que el sistema eléctrico atravesaba durante el año 2012 y primera mitad del 2013 le obligó "reconsiderar de forma global todos los elementos retributivos de dicho sistema".
Como parte de los recortes, figuran los relacionados con la distribución eléctrica. Los reclamantes solicitaban ser indemnizados por la merma de la retribución recibida como consecuencias de las modificaciones incluidas en la norma.
El Ejecutivo recuerda que existen numerosas sentencias en las que se justifica la necesidad del Gobierno para adaptar a las circunstancias de cada momento el régimen económico aplicable a las empresas del sector energético.