Según ha señalado durante la mesa 'El Reto Del Mercado Único Digital', celebrada en el marco del Spanish Screenings-Madrid, hasta el momento, la Comisión Europea ha dejado excluidos los servicios audiovisuales de la normativa referente a asuntos como la explotación territorial, el geobloqueo, los derechos de autor o la portabilidad de contenidos.
Sin embargo, ha advertido de que su exclusión de la actual normativa no significa que no se vaya a abordar en el futuro y ha asegurado que esta cuestión "marcará el futuro del audiovisual, para bien o para mal", por lo que considera que hay que "tener cuidado" y "crear un estado de opinión".
González Olivares ha recordado que la alarma del mercado único común se disparó en mayo de 2015, coincidiendo con la celebración del Festival de Cannes, tras el anuncio de la eliminación las licencias territoriales, lo que suponía la "extinción de la territorialidad", algo que a su juicio "cambia los esquemas de la producción".
En concreto, tal y como señaló el sector del cine en aquel momento, entre los peligros de terminar con este sistema destaca la pérdida de un 48 por ciento de contenidos ,un 37 por ciento menos de producción local, la amenaza a la diversidad cultural, el impacto en la calidad y el aumento de precios. "Podría vulnerar la competencia, esto es algo contrario a lo que siempre ha querido la UE", ha dicho la directora del ICAA.
Respecto a la portabilidad, ha indicado que aunque el ciudadano tiene derecho a acceder a su servicio contratado y a que no haya barreras, esto puede "esconder" la supresión de dichas barreras y obviar tanto "reglas nacionales" como la "territorialidad".
Asimismo, la directora del ICAA ha señalado que hacia 2018 España tendrá que incorporar la directiva de servicios de comunicación audiovisual europea y entonces tendrá que ver qué restricciones se aplican a aquellos operadores que no son televisiones, tal y como ha señalado.
Según ha explicado, esta directiva "subsana" deficiencias de la aprobada en 2010 y regula aspectos como la regulación de los operadores en los países de origen y no en aquellos territorios donde ofrecen contenidos. Asimismo, establece la contribución de estos operadores a la obra europea, tal y como se hace con las televisiones, así como la protección del menor y los contenidos violentos.