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El primer ministro británico, Rishi Sunak ha conseguido aprobar su plan para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda. El Parlamento ha aprobado esta madrugada el plan del Gobierno al considerar que el país africano es un destino seguro, después de meses bloqueado entre debates y el freno del Tribunal Supremo. Una información de Noelía Tobías.
La Cámara de los Lores, tras una serie de enmiendas, ha votado finalmente a favor del plan, que pasará a ser ley después de que el rey Carlos III otorgue el consentimiento real, según ha publicado la cadena de televisión británica BBC.
El Partido Conservador, en el Gobierno, tras aprobar su plan enviará a Ruanda a inmigrantes, solicitantes de asilo, de cualquier nacionalidad u origen, como medida disuasoria para frenar la inmigración a través del Canal de la Mancha.
El ministro de Interior de Reino Unido, James Cleverly, ha asegurado que se trata de un "momento histórico" para detener las llegadas de migrantes irregulares a través del Canal de la Mancha.
"La ley impedirá que se abuse de la justicia utilizando falsas alegaciones de Derechos Humanos para bloquear las deportaciones", ha añadido en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Asimismo, ha destacado que el Parlamento británico ha demostrado ser "soberano" al rechazar las medidas provisionales impuestas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que paralizó 'in extremis' la entrada en vigor del proyecto de ley en junio.
"Prometí hacer lo necesario para despejar el camino para el primer vuelo y eso es lo que hemos hecho. Ahora trabajamos día a día para que los vuelos despeguen", ha añadido.
Unas horas antes, el primer ministro británico, Rishi Sunak, había admitido que los vuelos de deportaciones comenzarían en unos tres meses "pase lo que pase".
Reino Unido y Ruanda firmaron en diciembre de 2023 un tratado con el que Sunak aspiraba a resolver las dudas que llevaron a que el Tribunal Supremo británico anulase el plan previo de deportaciones, una de las grandes promesas 'tories' para combatir el repunte migratorio y disuadir las llegadas a través del Canal de la Mancha. Sunak pagó 278 millones al país africano para que se encargara de un asunto que el Gobierno prefiere alejar de sus fronteras.
La legislación actual, conocida como Proyecto de Ley de Seguridad de Ruanda, es una respuesta a una decisión del Tribunal Supremo que bloqueó los vuelos de deportación porque el Gobierno británico no podía garantizar la seguridad de los migrantes enviados a Ruanda.
Por su parte, la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el alcance de la medida y este mismo lunes un grupo de relatores de Naciones Unidas ha cuestionado el papel de las aerolíneas y de las administraciones de aviación civil, advirtiendo de que podrían ser consideradas "cómplices" de violar el Derecho Internacional si facilitan de alguna manera las deportaciones.
Sin embargo, Sunak se ha mostrado "confiado" sobre la legalidad del nuevo plan, incidiendo en que respeta las obligaciones internacionales de Reino Unido, pero ha deslizado de nuevo la posibilidad de desligarse del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si adopta algún tipo de decisión al respecto.
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