En el documento, titulado 'Bancos, armas y violaciones de Derechos Humanos', el presidente de Amnistía Internacional en Luxemburgo, David Pereira, ha recalcado que los bancos y otras instituciones financieras desempeñan un papel fundamental para frenar la "fabricación, transferencia y uso de armas prohibidas internacionalmente", con las que se cometen "violaciones graves de Derechos Humanos y crímenes de Derecho Internacional".
El Derecho Internacional prohíbe ciertos tipos de armas, como las armas biológicas y químicas, las minas terrestres antipersonas y las municiones de racimo, consideradas ilegales de forma permanente y en cualquier circunstancia. A ello se suma el uso de armas convencionales que impliquen violaciones del Derecho Internacional, como genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra.
A pesar de sus obligaciones internacionales, Luxemburgo no ha prohibido expresamente todas las operaciones financieras relacionadas con las restricciones del Derecho Internacional. Las únicas excepciones que ha impuesto son las limitaciones sobre la financiación relativa a las municiones de racimo y las armas destinadas a actividades terroristas.
"Los Estados tienen obligaciones y responsabilidades (...) de garantizar que no son cómplices en la comisión de violaciones graves de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluso en la financiación de la producción de armas", ha advertido la asesora jurídica de Empresas y Derechos Humanos del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, Gabriela Quijano. "Los bancos podrían incurrir asimismo en responsabilidad", ha añadido.
LAGUNAS LEGISLATIVAS
La investigación ha identificado lagunas en los procedimientos bancarios de control interno para las transacciones relacionadas con las armas, como la inadecuada diligencia debida con respecto al cliente y la falta de formación de los empleados; además de un vacío en la legislación nacional sobre obligaciones y responsabilidades en materia de Derechos Humanos.
"Una legislación nacional insuficiente no es excusa para que el sector financiero de Luxemburgo no adopte y aplique políticas y procedimientos adecuados sobre la financiación del sector armamentístico", ha recalcado Pereira.
El informe también ha puesto de manifiesto la falta de transparencia de la banca local en actividades relacionadas con las armas. Durante la investigación, realizada entre febrero de 2013 y marzo de 2015, solo dos de los siete bancos principales de Luxemburgo se pusieron en contacto con Amnistía Internacional y facilitaron una política pública sobre sus operaciones en el sector.
RECOMENDACIONES
Amnistía Internacional ha pedido a Luxemburgo que prohíba las actividades financieras relacionadas con armas cuya fabricación, almacenamiento, transferencia y uso violen el Derecho Internacional. También ha demandado al país instaurar todas las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento eficaz de esta prohibición, así como definir las obligaciones profesionales aplicables a los bancos y las sanciones por su incumplimiento. Asimismo, ha instado a los bancos a hacer públicas sus actividades financieras.
Luxemburgo fue uno de los primeros países que firmó y ratificó el Tratado sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor en diciembre de 2014. Y, aunque también ha suscrito la Convención sobre las Armas Químicas, la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona y la Convención sobre Municiones en Racimo, no ha implemento muchos de sus compromisos internacionales sobre el control de armas.