"Es inaceptable que las autoridades de Sri Lanka hayan fracasado en prevenir la interrupción del funcionamiento en las oficinas de la ONU debido a las protestas desordenadas organizadas por un ministro del Gobierno", indicó Ban mediante un comunicado de prensa.
Ban indicó también que ha llamado a consultas a Nueva York al coordinador de la ONU en Sri Lanka, Neil Buhne, y anunció que cerrará el Centro Regional en Colombo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El máximo responsable de Naciones Unidas instó al Gobierno de Sri Lanka "a cumplir con sus responsabilidades con la ONU como país anfitrión".
Entre ellas, destacó la necesidad de que garantice sin más demora el desempeño del trabajo vital de asistencia a la población que realiza el personal del organismo mundial y que no se produzcan nuevos incidentes.
El pasado martes la ONU objetó una manifestación encabezada por el ministro de Vivienda, Wimal Weerawansa, para protestar por la decisión del organismo de nombrar un grupo de expertos que evalúe si el Gobierno de Sri Lanka ha cumplido con su compromiso de investigar posibles crímenes de guerra en 2009.
"Aunque respetamos el derecho de los ciudadanos de manifestarse pacíficamente, impedir el acceso a las oficinas de la ONU interrumpe el trabajo vital que Naciones Unidas desempeña diariamente para ayudar al pueblo de Sri Lanka", dijo el portavoz de la organización, Farhan Haq.
Asimismo señaló que tras ese incidente, el gobierno de Colombo garantizó la integridad del personal y el acceso sin restricciones al inmueble que aloja las oficinas de la ONU.
Durante la protesta se quemó una efigie del secretario general de la ONU y se mostraron pancartas en las que los manifestantes lo tachaban de "títere" de EE.UU., según diversos medios de comunicación locales.
La ONU anunció el 22 de junio la creación de un grupo de expertos para que indague si el Gobierno de Sri Lanka ha cumplido con su compromiso de investigar los supuestos crímenes de guerra durante la fase final contra la guerrilla tamil (LTTE, sigla en inglés), entre enero y mayo de 2009, con un gran coste para la población civil.
Tras el anuncio de Naciones Unidas, el Gobierno ceilanés reaccionó con acritud y dijo que ese grupo de expertos podría ser usado por "intereses hostiles al proceso de reconciliación" tras el fin de la guerra, y el ministro de Exteriores, G.L. Peiris, aseguró que su Ejecutivo no permitirá la entrada al país de los expertos.