El gobernador de Georgia, Sonny Perdue, ha declinado intervenir en favor del condenado tras manifestar que el Supremo había tomado una decisión correcta al autorizar el método de la inyección letal.
El lunes, la Junta de Perdones y Libertad bajo Palabra del estado había rechazado una solicitud de clemencia en la carrera contra el tiempo lanzada por los abogados para impedir o retrasar la ejecución.
Lynd fue condenado a muerte por el secuestro y asesinato de su pareja, Ginger Moore, tras consumir ambos Valium, marihuana y alcohol.
Durante el juicio, los fiscales señalaron que la mujer murió lentamente y que recuperó el conocimiento en dos ocasiones tras recibir varios balazos en la cabeza.
Lynd enterró el cadáver de Moore en una fosa en el condado de Tift y se fue a Ohio, donde mató a balazos a otra mujer con el mismo arma con el que había matado a Moore.
Los abogados de Lynd afirmaron que su condena en el condado de Berrien se obtuvo sobre la base del testimonio defectuoso de un médico forense que condujo la autopsia de Moore.
Cruel e inhumano
La última ejecución en EEUU se realizó en Texas el 25 de septiembre del año pasado, el mismo día en que el Tribunal Supremo accedió a considerar los casos de dos condenados a muerte en Kentucky que aseguraron que la inyección letal era un castigo cruel e inhumano y, por lo tanto, anticonstitucional.
El Supremo rechazó ese argumento, con lo que abrió una vez más la puerta al uso de la inyección letal como método para aplicar el castigo.
Con la de Lynd son ya 1.100 las ejecuciones realizadas en EEUU desde que el Tribunal Supremo restableció la pena de muerte, en 1976.
El castigo se aplica en 37 de los 50 estados del país y el método es la inyección letal en todos, menos en Nebraska que utiliza la silla eléctrica.
Actualmente hay 3.263 personas condenadas a muerte en EEUU y, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (CIPM), la próxima ejecución se realizará el próximo 27 de mayo en el Virginia. LA