El presidente de EE.UU., Barack Obama, pidió "respeto a las normas democráticas" y la resolución de las disputas a través de un "diálogo libre de interferencia exterior".
Obama solicitó "a todos los actores políticos y sociales que respeten las normas democráticas, el imperio de la ley y los fundamentos de la Carta Democrática Interamericana".
Funcionarios de alto rango del Gobierno estadounidense consideraron que es "difícil tomar en serio" la presunta carta en la que el mandatario hondureño presentó su renuncia, según anunció el Parlamento, por lo que su país reconoce solamente a Zelaya como jefe del Gobierno.
Admitieron de la misma manera que hubo contactos con los militares en Honduras, incluso uno "muy reciente" para tratar de mitigar la crisis.
Sobre el tema, el presidente de la Asamblea General de la ONU, el nicaragüense Miguel D'Escoto, lanzó la acusación de que EE.UU. podría estar detrás de las acciones del Ejército de Honduras.
"Muchos se preguntan si acaso este intento de golpe es parte de esa nueva política (de EE.UU. hacia Latinoamérica) ya que como bien es sabido el Ejército hondureño tiene un historial de entreguismo total a Estados Unidos", acusó D'Escoto.
Al respecto, el embajador estadounidense en Honduras, Hugo Llorens, aclaró que su Gobierno desconocía los planes contra Zelaya y que es a él a quien su país reconoce como "único presidente" de la nación centroamericana.
A su turno, la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, afirmó que la acción "viola los preceptos de la Carta Democrática Interamericana y debe ser condenada por todos".
"Esta es una posición importante, tan importante como la de Brasil o la de Unasur", declaró sobre la reacción estadounidense el mandatario venezolano, Hugo Chávez, quien convocó a una reunión extraordinaria de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) para hoy en Managua.
Chávez, sin embargo, señaló que habría que indagar "hasta dónde la CIA (la central de Inteligencia de EE.UU.) y esos organismos imperiales tienen que ver" con la crisis.
El Grupo de Río, que reúne a los gobiernos de 22 países de América Latina, expresó "su más enérgica condena al golpe de Estado" y exigió la restitución en el cargo de Zelaya, sin hacer mención del juramento de Micheletti.
El Consejo de ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) desconoció desde Managua a cualquiera que de forma "ilegítima y espuria pretenda instalarse en Honduras, producto de este intento de ruptura del orden constitucional"
Otra voz de rechazo fue la del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien llegará hoy a El Salvador para tratar con el presidente Mauricio Funes lo ocurrido en Honduras, y que aclaró durante la reunión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo que Zelaya "no ha pedido asilo político" en Costa Rica, a donde fue obligado a trasladarse después de ser detenido por militares.
En Centroamérica, Álvaro Colom, de Guatemala, dijo que su Gobierno solo reconoce a Zelaya como presidente constitucional de Honduras, y no a Micheletti.
El costarricense Óscar Arias instó a las Fuerzas Armadas a "restablecer el orden", mientras que el salvadoreño Mauricio Funes expresó su "profundo repudio y enérgica condena" a lo acontecido, y el canciller panameño, Samuel Lewis Navarro, dijo que "el sistema interamericano está a prueba para restablecer de manera inmediata el orden constitucional".
Tras conocer la decisión del Congreso hondureño, la mandataria chilena, Michelle Bachelet, aseguró en su calidad de presidenta pro témpore de Unasur: "no apoyamos ninguna ruptura del orden institucional del estado de Derecho que comprometa a la estabilidad de la República de Honduras".
Bruno Rodríguez, ministro cubano de Relaciones Exteriores, denunció "el carácter criminal, brutal de este golpe de Estado" y responsabilizó a las Fuerzas Armadas por la vida de la canciller hondureña, Patricia Rodas, quien fue arrestada junto con el embajador cubano en ese país, Juan Carlos Hernández, que ya fue liberado, y trasladada a la Base de la Fuerza Aérea en Tegucigalpa.
Un llamado a organismos internacionales, presidentes de Latinoamérica y a dirigentes de movimientos sociales "a condenar y repudiar este golpe de Estado militar" hizo el boliviano Evo Morales, quien sostuvo que estos no son tiempos "de dictaduras".
La cancillería ecuatoriana sostuvo que el Gobierno de Rafael Correa "no aceptará cualquier pretensión de invocar la sucesión presidencial para justificar esta clara ruptura del orden constitucional ni reconocerá a ningún Gobierno que no sea el del Presidente Manuel Zelaya, democráticamente elegido".
Igualmente, el líder del Partido Nacionalista Peruano (PNP), Ollanta Humala, comentó que se debe erradicar de la historia de América Latina "la manipulación política de las fuerzas militares".
Desde Argentina, Cristina Fernández sostuvo que lo ocurrido "remonta a la peor barbarie de la historia de Latinoamérica" y pidió que la comunidad internacional exija "garantías para la vida y la integridad física" de Zelaya.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil solicitó que la OEA se mantenga en sesión permanente, toda vez que este tipo de acciones militares son un "atentado a la democracia y perjudican el desarrollo político de la región".
José Miguel Vivanco, director del programa para las Américas de Human Rights Watch (HRW), aseveró que "la OEA tiene un papel clave que jugar" para "encontrar rápidamente una solución multilateral a esta ruptura de la democracia en Honduras" porque "permitir que se mantenga este golpe sería un gran paso hacia atrás del progreso que ha hecho la región hacia la democracia en décadas recientes".
En diferentes puntos de América Latina se organizaron este domingo concentraciones en favor de Manuel Zelaya, como en San Salvador, Caracas y la capital guatemalteca.