Varios sospechosos de terrorismo detenidos sin juicio en Pakistán afirman haber sido torturados por agentes del espionaje paquistaní antes de ser interrogados por funcionarios del MI5, el servicio de inteligencia británico.
La existencia de una política oficial para ese tipo de interrogatorios se puso de manifiesto en el Alto Tribunal de Londres al que recurrió la defensa de Binyam Mohamed, un residente británico que sigue preso en Guantánamo, y que fue interrogado en Karachi por un funcionario del MI5.
El agente, al que sólo puede identificarse como el testigo B, admitió ante el tribunal que aunque Mohamed llevaba cinco meses preso en Pakistán, y él mismo era consciente de las violaciones de los derechos humanos en ese país, en ningún momento preguntó si el sospechoso había sido sometido a torturas, por qué había adelgazado tanto ni si su detención sin juicio era ilegal.
Está previsto que Binyam Mohamed, en huelga de hambre desde hace cinco semanas y alimentado a la fuerza, regrese próximamente a Gran Bretaña.
El testigo B reconoció que Mohamed estaba en una "posición muy vulnerable" cuando le interrogó en Karachi en el 2002 y admitió asimismo haberle dicho al preso que éste recibiría mejor trato si cooperaba aunque sabía que iba a ser entregado a las autoridades norteamericanas.
Preguntado si esa entrega a EEUU le había preocupado, el testigo respondió que sabía que el interrogatorio de los detenidos había sido tratado por los asesores legales del MI5 y el Gobierno británico.
"Actué en ese caso, como en otros, bajo la fuerte impresión de que (esas prácticas) se consideraban legales".
Tras su interrogatorio a cargo del agente del MI5, Mohamed fue entregado a Marruecos, donde durante año y medio estuvo sometido a torturas aún más crueles que en Afganistán, que incluyeron cortes en sus genitales con un escalpelo, informa "The Guardian".
Algunas de las preguntas que le hicieron sus torturadores en Marruecos estaban basadas en informaciones que el MI5 británico pasó a los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
The Guardian cita otras fuentes que coinciden en que la política británica sobre interrogatorio de sospechosos de terrorismo había sido dictada desde altas instancias del Gobierno.
Documentos estadounidenses examinados por el alto tribunal y remitidos a diputados y lores del Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento contienen supuestamente pruebas de esa connivencia de las autoridades británicas con los duros interrogatorios a que fueron sometidos los sospechosos de terrorismo.
Los abogados que representan a Mohamed recurrieron al Alto Tribunal para que hiciera públicos esos documentos, pero los jueces se negaron a ello después de que el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Miliband, advirtiera de que su publicación podía dañar las relaciones británico-norteamericanas.
Funcionarios al servicio de Miliband solicitaron al Departamento de Estado norteamericano una carta que justificara esa negativa, algo que el portavoz de Asuntos Exteriores del partido Liberal Demócrata, en la oposición, Edward Davey, calificó de "engaño al Parlamento, a los jueces y al pueblo británico", por lo que exigió una "inmediata investigación".