El proyecto planteado inicialmente por las autoridades maltesas generó malestar en Bruselas, toda vez que únicamente contemplaba el criterio económico para dar el pasaporte a una persona ajena a la Unión Europea. Bastaban 650.000 euros y seis meses de burocracia para obtener la ciudadanía y, por extensión, pleno acceso a otros Estados miembro.
Finalmente, y tras una reunión este miércoles con representantes de la Comisión Europea, el Gobierno de Malta ha accedido a incluir la residencia como criterio. "No se entregará ningún certificado de nacionalidad si el solicitante no presenta pruebas de que ha vivido en Malta durante un periodo de al menos 12 meses", han asegurado las dos partes en un comunicado conjunto.
El Ejecutivo comunitario ha aplaudido estas enmiendas, fruto de la "cooperación sincera", y ha mostrado su "satisfacción" por el "entendimiento" alcanzado.