La normativa fue aprobada por la Duma, la Cámara Baja del Parlamento y finalmente ha sido ratificada por Putin. El Ministerio de Justicia será el encargado de clasificar las ONG "indeseables" y hacerlas públicas, según ha informado la agencia Itar-Tass.
La nueva ley establece la prohibición de actividades, la apertura de sedes en territorio ruso y la divulgación de material informativo a las organizaciones que finalmente sean incluidas en esta lista de "indeseables".
El no cumplimiento de esta normativa podrá acarrear penas de multas económicas, trabajos forzados, restricciones de movimiento y un máximo de seis años de cárcel. Supone un aumento de la presión contra las ONG financiadas por otros países después de que en 2012 las obligase a inscribirse como "agentes extranjeros".
EEUU MUESTRA SU "PREOCUPACIÓN"
Después de conocer su ratificación, el Departamento de Estado estadounidense ha mostrado en un comunicado su "preocupación" por la aprobación de esta ley, al considerar que "restringe" el trabajo de la sociedad civil en el país.
La portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, ha calificado esta normativa de un "ejemplo más" del creciente intento de las autoridades rusas para silenciar las "voces independientes y los pasos internacionales para aislar a la población rusa".
"CONTINUAS RESTRICCIONES"
"Continuamos preocupados sobre las crecientes restricciones de a medios independientes, sociedad civil, miembros de minorías y oposición política", ha afirmado Harf. "Los rusos, como todo el mundo, merece un Gobierno que apoye un mercado abierto de ideas, un Gobierno transparente y que rinda cuentas y un trato equitativo ante la ley", ha subrayado.
Por ello, la portavoz del Departamento de Estado ha instado al Gobierno ruso a "cumplir sus compromisos y obligaciones internacionales de respeto a la libertad de expresión, asamblea pacífica, asociación y Estado de Derecho".