El acuerdo fue aprobado por una amplia mayoría de 484 votos a favor, 109 en contra y 12 abstenciones y establece la cesión al departamento del Tesoro norteamericano de los datos bancarios de ciudadanos europeos gestionados por el consorcio Swift, basado en Bélgica, para investigaciones antiterroristas.
El pleno del Parlamento Europeo había tumbado el acuerdo precedente en febrero por considerar que no se le había tenido en cuenta en las negociaciones y que el pacto no respetaba la privacidad.
Ello obligó a la presidencia española a negociar con Washington una serie de salvaguardias adicionales que finalmente convencieron a los principales grupos políticos.
La Comisión Europea se ha comprometido a presentar una propuesta en el plazo de un año para crear una estructura que permita a la UE analizar la información en su territorio y transmitir al otro lado del Atlántico sólo datos relacionados con pistas terroristas concretas.
Mientras tanto, continuará esa transferencia "en bruto" que tanto ha criticado el Parlamento Europeo, pero lo harán con más controles, pues todas las solicitudes de información estadounidenses tendrán que ser aprobadas por Europol.
Además, se establece que el uso de los datos en EEUU será vigilado por un grupo de supervisores independientes, en el que figurará un representante de la UE.
El compromiso garantiza al mismo tiempo que el volumen de datos que se transmita será el más reducido posible y que los ciudadanos europeos tendrán derecho a apelar en caso de abuso.
Las concesiones obtenidas a última hora -algunas incluso después de que Bruselas y Washington cerrasen las negociaciones- han convencido a socialistas y liberales, que en febrero se opusieron junto a los grupos de izquierda al anterior texto.
Sólo Los Verdes, la Izquierda Unitaria Europea y algunos euroescépticos votaron en contra del acuerdo, al considerar que no satisface realmente las demandas del PE, en especial, al continuar por el momento con la transferencia masiva de datos.