Los Estados miembros tienen ahora un plazo de dos años para trasladar a sus legislaciones nacionales todos los cambios, que incluyen también condiciones más estrictas para la subcontratación y las ofertas "anormalmente bajas". El objetivo es luchar contra el llamado 'dumping social' y garantizar que se respetan los derechos de los trabajadores.
Las nuevas normas, además, prevén medidas para reducir la burocracia de las empresas que quieran optar a las licitaciones y, en especial, aboga por mejoras para favorecer el acceso de las pymes a estos concursos en la UE.