La financiación, cuya disponibilidad a nivel anual todavía tiene que concretarse, cubrirá acciones informativas, actividades de cooperación y coordinación y más importante todavía, para operaciones de asistencia, es decir, ayuda para detectar y limpiar vertidos que fueron autorizadas en 2013, ampliando el mandato de la agencia. Las nuevas normas pactadas buscan precisamente cubrir la financiación necesaria para las nuevas tareas.
La agencia tiene capacidad para contratar buques para acciones de limpieza para complementar la capacidad de respuesta de los propios Estados miembros, que pueden intervenir rápidamente, en 24 horas.
Los Estados miembros afectados pueden solicitar esta asistencia a través del Mecanismo de Protección Civil europeo y la agencia se encarga de pagar los buques contratados y también puede contribuir imágenes por satélites para ayudar a detectar vertidos y vigilarlos a través del sistema 'CleanSeaNet'. Los costes de las operaciones de limpieza son cubiertas no obstante por los Estados miembros.
Los Veintiocho y la Eurocámara todavía tienen que aprobar formalmente la nueva normativa para su entrada en vigor, una vez se publica en el diario oficial de la UE, aunque se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020. Se espera que el pleno de la Eurocámara vote en abril y que los Gobiernos den su visto final después.