Mubarak se sienta de nuevo en el banquillo por la muerte de más de 800 manifestantes durante las revueltas que derivaron en su salida del poder. Aunque ya fue condenado en junio de 2012 a cadena perpetua por estos hechos, una corte de apelaciones ordenó en enero la repetición del juicio por "irregulares de procedimiento".
A finales de noviembre, el fiscal para Fondos Públicos de Egipto, Ahmed al Bahrawi, envió ante el Tribunal Criminal de El Cairo a Mubarak, a sus dos hijos y a otras cuatro personas para que se abra un nuevo juicio contra ellos por corrupción.
El expresidente y sus dos hijos están acusados de utilizar 125 millones de libras egipcias (alrededor de 13,4 millones de euros) de los fondos destinados a la Presidencia para llevar a cabo entre 2002 y 2011 compras de carácter personal para sus residencias en Heliópolis, Orabi, Katameya, Sharm el Shiej y Marina.
Los otros cuatro acusados en el caso son Mohi Eddin Abdel Hakim, antiguo miembro del Departamento Central de Comunicaciones de la Presidencia; Amr Mahmud Mohamed Jedr, que trabajó como ingeniero en el palacio presidencial; y Abdel Hakim Mansur y Magda Ahmed Hassan, que trabajaron como ingenieros en la Compañía de Contratistas Árabe.