La apertura de expediente tiene la forma de una carta de emplazamiento que da un plazo de un mes a las autoridades del país para aclarar la reforma y ajustarla a las exigencias de la UE. Si la respuesta no satisface a Bruselas, el proceso seguirá adelante y podría concluir con el caso en el Tribunal de Justicia de la UE.
Las ONG que reciban fondos el extranjero deberán inscribirse en el registro de "organizaciones financiadas desde el extranjero" y presentarse como tal en todas las obras y material de prensa que produzcan, además de dar más información a las autoridades sobre la financiación. Si no cumplen las nuevas reglas serán multadas.
"La sociedad civil es el tejido mismo de nuestras sociedades democráticas, sus actividades no deberían estar sometidas a restricciones injustificadas", ha declarado el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans.
"Hemos concluido que la nueva ley no es conforme al derecho de la UE. Esperamos que el Gobierno húngaro se comprometa con un diálogo que permita remediar cuanto antes este problema", ha añadido.
En concreto, Bruselas cree que la ley atenta contra la libertad de asociación porque podría impedir a las ONG recibir fondos y limitar su capacidad de acción y ve con reservas también las restricciones a la libre circulación de capitales.
El Ejecutivo comunitario, además, tiene dudas de que la nueva ley respete la protección de la vida privada y de datos personales.
No es el único expediente abierto por la Comisión Europea, que este mismo jueves ha dado el segundo paso en el procedimiento sancionador abierto contra Hungría por la reforma de la educación superior, que puso en cuestión la viabilidad de universidades privadas como la del magnate estadounidense George Soros.
Así, el Ejecutivo comunitario lanza un ultimátum de un mes al Gobierno de Orban para que aplique los cambios legislativos necesarios para alinear la ley con las reglas europeas o llevará el caso ante el TUE.