La Unión Europea cuenta con un artículo en sus Tratados que permitiría suspender el derecho a voto de un Estado miembro, si así lo deciden por unanimidad sus socios del bloque.
El Artículo 7 nunca antes ha sido puesto en práctica y está pensado para responder únicamente a una amenaza "grave y persistente" para los valores comunes de la UE.
El Ejecutivo comunitario discute ahora si activar el mecanismo para vigilar las "amenazas sistemáticas" al Estado de Derecho dentro de la UE, un marco que existe desde 2014 y que da poderes a Bruselas para establecer un diálogo formal con el Estado miembro afectado.
Se trata de un paso previo e independiente a la eventual activación del artículo 7, pero que, en el caso de que no se lograra una solución satisfactoria con Polonia, serviría de "buen argumento" para que desde Bruselas se pidiera suspender los derechos de pertenencia a la UE, según han explicado fuentes europeas.
El mecanismo prevé una primera fase de "evaluación" y una posterior con recomendaciones específicas, dirigidas a corregir las medidas que los servicios de la Comisión ven con recelo.
Preguntado por posibles decisiones del Colegio de Comisarios el miércoles, el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, evitó este martes adelantar conclusiones, ni dar detalles del contenido de las cartas que Varsovia ha remitido a la Comisión en los últimos días en respuesta a la petición de cambios.
"Es algo que se debe tratar a nivel político y, por ello, habrá un debate de orientación en el Colegio de Comisarios", zanjó el portavoz.
Se espera que en la discusión intervengan al menos el vicepresidente Frans Timmermans, quién ha firmado los intercambios con Varsovia desde diciembre, y también el comisario de Sociedad y Economía Digitales, Günther Oettinger, una de las voces más críticas con las reformas del Ejecutivo de Beata Szydlo.
Fuentes comunitarias han evitado apuntar cuál puede ser el resultado de la discusión, ya que es la primera que mantiene sobre asunto la Comisión de Jean-Claude Juncker. Con todo, advierten de que puede concluir tanto con la decisión de iniciar la primera fase del mecanismo de vigilancia, como con la de posponer su posicionamiento a más adelante, a la espera del debate que el Parlamento Europeo celebrará el próximo día 19 sobre le mismo asunto.