Las empresas en cuestión coordinaron los precios de venta de varios tipos de espuma durante cerca de cinco años, desde octubre de 2005 hasta febrero de 2010, en un total de 10 Estados miembros entre los que no está España (Austria, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Holanda, Polonia, Rumanía y Reino Unido).
Como todas las compañías aceptaron buscar una solución negociada del caso, sus multas se redujeron un 10%. Además, Recticel y Greiner se beneficiaron de un descuento adicional por colaborar con la investigación.
"Este caso ilustra lo esencial que es seguir luchando contra los cárteles y sancionando este comportamiento ilegal: aquí, el producto cartelizado es un componente clave para muebles que compran todos los ciudadanos, como colchones o sofás, y para algunas empresas, como los fabricantes de coches", ha denunciado el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, en un comunicado.
El objetivo del cártel era repercutir a los clientes los incrementos de precios en las materias primas y evitar una competencia de precios agresiva entre los tres productores. Para lograrlo, las empresas organizaron encuentros de coordinación de precios. Los participantes se reunían en los márgenes de las asociaciones europeas y nacionales y mantuvieron numerosos contactos telefónicos y bilaterales.