"Puedo confirmar que hemos recibido documentos de las autoridades españoles y los vamos a examinar", ha explicado el portavoz de Competencia, Antoine Colombani. "Vamos a verificar que los criterios fijados en la decisión (de la Comisión) se han respetado", ha apuntado.
El Ejecutivo comunitario ordenó a España el pasado 17 de julio las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease' entre 2007 y 2011. Las subvenciones deben devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
El portavoz ha recordado que "la Comisión nunca ha dado cifras" sobre las ayudas que deben recuperarse, ya que corresponde a España realizar el cálculo a partir de los criterios fijados en la decisión de julio. El sector cifró en un primer momento las ayudas a devolver en 3.000 millones de euros y el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, llegó a hablar de más de 2.000 millones.