La presidenta de la CIDH, la venezolana Luz Patricia Mejía, que presentó el informe en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA, destacó hoy los avances democráticos y del "constitucionalismo" en toda la región en las últimas décadas.
No obstante, indicó que estos logros "no han sido suficientes para garantizar la justicia social, ni el pleno goce de los derechos sociales" en la región.
El informe anual de la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), recoge tanto los avances como los retrocesos registrados durante 2008 en materia de derechos humanos en el continente.
En el caso de Colombia, la Comisión señala que es consciente de la compleja situación del país tras cinco décadas de violencia y su impacto sobre la población civil, del efecto del narcotráfico en la violencia y de los esfuerzos del Estado para avanzar en la paz.
No obstante, mantiene su preocupación respecto a los reductos no desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), del fenómeno del rearme y de la formación de nuevos grupos armados.
La CIDH también destaca el impacto de la violencia sobre la población civil y, en particular, de los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.
Subraya las crecientes denuncias sobre la participación de miembros de la Fuerza Pública en conductas que violan los derechos humanos, así como los ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales por parte de los grupos armados y la guerrilla.
Por su parte, Cuba, cuya participación en la OEA fue suspendida en 1962, es analizado a efectos del cumplimiento de los derechos fundamentales porque la CIDH entiende que La Habana es responsable jurídicamente ante la Comisión en esta materia.
En su informe, la CIDH reitera que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a la isla tienen un impacto negativo sobre los derechos humanos de la población cubana, e insiste en que "el embargo debe terminar".
Además, vuelve a manifestar que las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de pensamiento, la ausencia de elecciones y de independencia del poder judicial configuran "una situación permanente de trasgresión en Cuba de los derechos fundamentales de sus ciudadanos".
La CIDH insta al Estado a que efectúe reformas en materia de derechos humanos, adecúe sus normas a los estándares sobre el debido proceso, ordene la liberación "inmediata e condicional" del opositor Óscar Elías Biscet y de los otros detenidos en la llamada "Primavera Negra" de 2003, y declare nulas sus condenas.
Pide, asimismo, medidas para prevenir y evitar los hostigamientos contra los que ejercen el derecho de asociación con fines humanitarios y sindicales, y los que defienden los derechos humanos.
En lo referente a Venezuela, la Comisión critica, una vez más, la negativa del Gobierno a concretar fechas para que pueda realizar una visita al país y analizar la situación de los derechos humanos.
También le preocupa el ambiente hostil para el disenso político, el hostigamiento a ONGs, el funcionamiento de la justicia, obstáculos directos e indirectos a la libertad de expresión, la existencia de leyes que pueden afectar el goce de los derechos, las graves condiciones de los presos y el aumento de la inseguridad.
En cuanto al apartado dedicado a Haití, la CIDH afirma que la situación en ese país se caracterizó, una vez más, por obstáculos considerables que entorpecieron la capacidad del Estado para garantizar el respeto pleno de los derechos humanos.
En este marco, la Comisión destaca la crisis alimentaria y los disturbios, la destitución del primer ministro Jaques Edouard Alexis y su efecto sobre la estabilidad política, así como los desastres naturales ocurridos en 2008.
"Los efectos de estos sucesos han sido devastadores para los medios de vida cotidianos y la supervivencia de los haitianos", concluye la CIDH, que el año pasado recibió 1.323 denuncias y batió un récord con 1.376 casos y peticiones en trámite.