Ucrania inició el pasado 16 de enero un proceso judicial contra Rusia en la CIJ por violar la Convención Internacional para Suprimir la Financiación del Terrorismo, debido al apoyo del Kremlin a las tropas separatistas del este de Ucrania, y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, por el trato dado por las autoridades rusas a tártaros y ucranianos en Crimea.
El Gobierno de Petro Poroshenko solicitó a la CIJ medidas cautelares que La Haya ha accedido ordenar pero solo en el caso concerniente a la discriminación racial, porque en lo tocante al otro tratado internacional considera que Ucrania no ha logrado probar que los hechos ocurridos en la región oriental sean de naturaleza terrorista.
El alto tribunal ha considerado "probable" que se estén produciendo actos de discriminación racial en Crimea. "Este es el caso respecto a la prohibición de los Mejlis" --órganos de representación popular de los tártaros-- y "respecto a las supuestas restricciones a los derechos educativos de la etnia ucraniana", ha indicado.
La CIJ ha sostenido que, de no acceder a la petición de Kiev, estos colectivos --a los que ha calificado de "vulnerables"-- podrían sufrir un "daño irreparable" en sus derechos. Por eso, ha instado a Rusia a no limitar en modo alguno las instituciones políticas de ambos pueblos y a garantizar la educación en lengua ucraniana.
"Las dos partes deben abstenerse de llevar a cabo cualquier acción que pueda agravar o extender la disputa ante la CIJ o hacer más difícil su resolución", ha concluido La Haya, a través de un comunicado.