Representantes del sector han confirmado este viernes que miembros de la Policía y de la Fuerza Armada viajarán en los autobuses para proteger tanto a conductores como a usuarios. El Ejecutivo ha accedido así a militarizar un sistema de movilidad clave especialmente en la capital, San Salvador.
El director de la Policía, Mauricio Ramírez, ha confirmado que tras el acuerdo el servicio está "casi en su totalidad normalizado". Fuentes citadas por el portal 'elsalvador.com' han asegurado que ya circulaban este viernes alrededor del 90 por ciento de las líneas.
Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha habían amenazado con asesinar a los chóferes si éstos no acataban la orden de paro y, durante los días de huelga, al menos seis conductores han muerto a manos de los violentos. Unos 30 pandilleros han sido detenidos en este periodo.
CHANTAJES
La violencia relacionada con las maras resurgió en 2014, después de que se rompiese la tregua alcanzada en 2012. Los conductores de autobús han sido víctimas directas de este recrudecimiento de la violencia, que se ha traducido no sólo en agresiones físicas sino también en medidas de presión y chantaje.
Las pandillas exigen entre 5.000 y 10.000 dólares mensuales a las empresas, en función de la capacidad de la ruta. Un responsable de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros (ATP), Roberto Soriano, ha asegurado que se trata de un pago "normal" que se efectúa a finales de mes: "Es como una deuda con el banco, pero estos no cobran intereses, sino que matan".