El fallo del Constitucional del país europeo resalta que la entrega de licencias televisivas es competencia del Consejo Nacional de Radiotelevisión --un regulador independiente no conformado debido al bloqueo opositor-- y no del Gobierno.
La decisión anula así la legislación aprobada para proceder a la subasta, así como la propia subasta. Los cuatro ganadores de la misma habían pagado un primer tramo de 225 millones de euros, por lo que probablemente pedirán que el dinero sea devuelto.
Fuentes del Ejecutivo griego han reaccionado al fallo del Consejo de Estado afirmando que el panorama televisivo del país "vuelve a la ilegalidad".
Los procedimientos de la subasta redujeron a cuatro el número de televisiones privadas, en lugar de las ocho existentes en la actualidad, lo que provocó protestas de los trabajadores de los medios y la oposición, que adujo que el Gobierno pretendía limitar la libertad de expresión.