Así, el comité especial responsable de la investigación sobre el lugar en que se encontrarían estos 13 ciudadanos japoneses --secuestrados durante las décadas de los 70 y 80-- "queda disuelto a partir de este 12 de febrero de 2016", según una declaración efectuada a través de la agencia oficial de noticias y órgano portavoz del régimen norcoreano, KCNA.
Las nuevas sanciones prohíben la reentrada en Japón de ingenieros extranjeros que hayan viajado a Corea del Norte, la presencia en aguas japonesas de barcos de terceros países que hayan operado en territorio norcoreano, y el envío de cantidades de dinero superiores a 870 dólares a Corea del Norte, excepto por motivos humanitarios.
Las sanciones fueron levantadas parcialmente tras el acuerdo firmado entre Corea del Norte y Japón a mediados de 2014 en Estocolmo (Suecia), pero ahora Pyongyang denuncia que Tokio ha "renegado de este compromiso" en lo que se trata de "un ataque frontal contra la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte)".
El comunicado advierte además de que cualquier acto hostil de Japón entrañará graves consecuencias de las que Tokio será "completamente responsable".