"Hemos tomado la decisión en base a la situación en Bahréin tal y como informan los medios, a la inestabilidad política, a las informaciones sobre gente fallecida y herida a consecuencia de los gases lacrimógenos y a las denuncias por parte de ONG", ha indicado el portavoz de la Administración de Programas de Adquisiciones de Defensa (DAPA), Lee Jung Geun.
Sin embargo, el Ministerio del Interior bahreiní ha apuntado que no ha sido informado sobre ninguna prohibición sobre la exportación de este material, al tiempo que ha defendido su uso por parte de las fuerzas de seguridad.
"Los gases lacrimógenos son utilizados por la Policía sólo como medida necesaria y proporcionada y en situaciones de control de manifestaciones. Se usa totalmente en línea con el Derecho Internacional", ha puntualizado.
La decisión de Seúl ha sido aplaudida por la formación opositora Al Wefaq, que ha dicho que la misma "ilustra el respeto por los Derechos Humanos y un intento de poner fin al apoyo a las persecuciones y los asesinatos".
"Otros estados que entregan apoyo político y a nivel de seguridad al régimen bahreiní, que ha sido condenado en reiteradas ocasiones por ONG internacionales, están contribuyendo a estas violaciones y la represión de la población", ha denunciado.
Desde el inicio de las manifestaciones prodemocráticas en el país en marzo de 2011, al menos 39 personas han fallecido a causa de la inhalación de gases lacrimógenos o por heridas relacionadas con el impacto directo de los botes tras ser disparados, según el balance ofrecido por Médicos por los Derechos Humanos.
En octubre, un documento del Ministerio del Interior filtrado a la organización Bahrain Watch reveló que el Gobierno planeaba la compra de 1,6 millones de botes lacrimógenos, cifra superior a la propia población del país, que es de 1,3 millones de personas.
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
Este mismo miércoles ha sido suspendido el proceso de diálogo nacional en medio de acusaciones del Gobierno contra la oposición por paralizar el proceso, tal y como ha informado la agencia estatal bahreiní de noticias, BNA.
El anterior proceso de diálogo para intentar poner fin a la crisis política en Bahréin concluyó en julio de 2012 sin alcanzar ningún acuerdo por la retirada del principal grupo de la oposición, Al Wefaq, que denunció que estaba infrarrepresentado en la mesa de diálogo.