El 11 de enero de 2002 tocó tierra en Guantánamo un avión militar con veinte hombres, que viajaron encapuchados y amarrados con correas al suelo de la nave, y fueron internados en una especie de jaulas. Su llegada transformó una base de segunda categoría, con una dotación militar escasa, en el penal más defendido y polémico del mundo.
La orden del cierre del penal fue uno de los primeros actos del presidente de EEUU, Barack Obama, tras llegar a la Casa Blanca, un anuncio cargado del simbolismo de la ruptura con la política de su antecesor, George W. Bush, que quiso convertir a Guantánamo en un lugar al margen de las leyes estadounidenses y del derecho internacional.
Pero Obama no contó con la resistencia de miembros del Congreso, incluso de su propio partido, a traer a algunos de los detenidos a Estados Unidos, al tiempo que sobreestimó la disponibilidad de sus aliados a aceptar a otros reclusos.
Marchas de las organizaciones de derechos humanos
Las organizaciones de derechos humanos han usado el aniversario para presionar al presidente para que no ceda a las demandas de los que prefieren el status quo. El Gobierno "debería renovar su promesa de cerrar la prisión de forma rápida y responsable", dijo la asociación Human Rights Watch en un comunicado.
Y Human Rights First, otra asociación humanitaria, recalcó que "cada día que el penal está abierto es un regalo para la máquina de propaganda de Al Qaeda".
La tarea de encontrar un destino a los prisioneros se le ha complicado al Gobierno con el atentado fallido contra un avión con destino a Detroit el día de Navidad, presuntamente llevado a cabo por un nigeriano entrenado en Yemen. Tras él, la Casa Blanca anunció que detendría las repatriaciones de los yemeníes, que son el grupo más numeroso de prisioneros, pues hay 92 en Guantánamo.
En Guantánamo había 242 encarcelados cuando Obama asumió la presidencia hace un año y su Gobierno ha liberado y transferido a 44. La administración quiere transferir a algunos de ellos a la localidad de Thomson, en Illinois, que cuenta con una prisión estatal vacía que el gobierno federal compraría y adaptaría para elevar su nivel de seguridad.
Para ello necesita que el Congreso le dé los fondos y que modifique una ley que solo permite la entrada en Estados Unidos de detenidos de Guantánamo para ser juzgados.
El Gobierno ha evitado, sin embargo, aventurar cuándo podrían ocurrir esos pasos, que considera indispensables para cerrar el centro de reclusión en Cuba. "No tengo una respuesta sobre fechas", dijo el viernes al respecto el portavoz presidencial, Robert Gibbs.