La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha reclamado "transparencia" de cara a las próximas negociaciones sobre la salida de Reino Unido de la UE, si bien el inicio de este diálogo depende de que el Gobierno de Theresa May invoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa e inicie el proceso de ruptura.
En un encuentro con periodistas y organizaciones de la sociedad civil en Madrid, O'Reilly ha recalcado la importancia de que los ciudadanos sean "perfectamente conscientes" de lo que se va a negociar durante los próximos dos años --el plazo teórico en el que debe quedar resuelto el 'Brexit'--.
La Defensora del Pueblo, de nacionalidad irlandesa, ha reconocido que habrá cosas "reservadas" que no puedan ser expuestas en público, pero ha insistido en la necesidad de que las negociaciones sean "lo más transparentes posibles". No en vano, ha añadido, "el proceso tiene repercusiones muy profundas".
O'Reilly ha afirmado que quienes votaron en el referéndum del 23 de junio "probablemente no eran muy conscientes" de las consecuencias que acarrearía dicha consulta. Preguntada por la posible responsabilidad de la UE en este desconocimiento, se ha referido al difícil equilibrio entre la información y la "interferencia".
En este sentido, ha apuntado que "los líderes políticos de la UE tienen que ser muy conscientes de en qué debates se meten" y ha asegurado que, en los meses previos al referéndum, cualquier intervención externa corría el riesgo de ser puesta en entredicho.
O'Reilly ha recordado que un grupo de eurodiputados planeó viajar a Reino Unido pero terminó cancelando esta visita para evitar posibles polémicas. "Hicieran lo que hicieran estaba mal", ha apostillado, en alusión a un debate en el que muchos sentían que "no se podían meter".
QUEJAS
Los españoles son los ciudadanos de la UE que más quejas presentan ante la Defensora del Pueblo Europeo. En 2015, la cifra ascendió a 323 denuncias, de las cuales 27 derivaron en procesos de investigación, mientras que en lo que va de año ya se han presentado unas 250 y 30 de ellas han prosperado.
La "transparencia" es una de las grandes reclamaciones a nivel general, no sólo en relación al 'Brexit', sino también en relación al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre la UE y Estados Unidos.
La crisis de los refugiados también ha sido motivo de numerosas quejas en el último año y O'Reilly ha subrayado que su principal "preocupación" es el respeto de los Derechos Humanos, tanto en la gestión europea directa de la acogida como en relación al acuerdo firmado este año con Turquía.
La Defensora ha expuesto también medidas que ha tomado por iniciativa propia, como la petición de una revisión exhaustiva del fichaje del expresidente de la Comisión Europea José Manuel Durao Barroso por parte de Goldam Sachs, un banco que tuvo un papel "controvertido" en la crisis financiera, en palabras de O'Reilly.
La Comisión Europea ha elevado, a raíz de esta polémica, el periodo de carencia para que los excomisarios y expresidentes no se incorporen de forma inmediata a empresas privadas, pero la Defensora ha lamentado "que no se hubiese profundizado en cuestiones de integridad" a raíz del caso de Durao Barroso.
La oficina de O'Reilly, cuyo mandato coincide en tiempo con el del Parlamento Europeo, también tiene sobre la mesa casos relativos a la escasez de documentos oficiales traducidos al castellano, irregularidades en la gestión de fondos europeos o sobre el uso de fondos estatales para ayudar a equipos de fútbol.