Al menos 11 países del mundo –entre ellos Arabia Saudí, China, Indonesia, Irán y Malasia– han dictado condenas de muerte o han ejecutado a personas por delitos de drogas en los últimos dos años, mientras que decenas de Estados mantienen la pena capital para delitos relacionados con las drogas.
El derecho internacional limita el uso de la pena de muerte a “los más graves delitos”, definidos en general para incluir únicamente el homicidio intencional. Los delitos de drogas no entran dentro de esta categoría. El derecho internacional también fija como meta que los Estados avancen hacia la abolición de la pena de muerte, explica Amnistía Internacional.
Sin embargo, muchos Estados justifican el uso de la pena de muerte como manera de hacer frente al narcotráfico o a los problemas causados por el consumo de drogas. Estos Estados hacen caso omiso de las pruebas que demuestran que, para poner fin a las muertes relacionadas con las drogas y evitar la transmisión de enfermedades infecciosas, la respuesta que ha resultado efectiva ha sido la basada en los derechos humanos y la salud pública, incluidos la prevención del consumo de sustancias y el acceso a tratamiento. Incluso respecto a la delincuencia violenta, no hay nada que demuestre que la amenaza de la ejecución tiene un efecto más disuasorio que cualquier otra forma de castigo.
En muchos de los países en los que se impone la pena de muerte por delitos de drogas, la injusticia se ve agravada por el hecho de que las condenas a muerte se dictan tras juicios manifiestamente injustos. En países como Arabia Saudí, Indonesia o Irán, a los acusados se les niega de forma habitual el acceso a abogados, o se los coacciona, mediante tortura y otros malos tratos, para que realicen “confesiones” que se admiten como prueba.
En abril de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas, principal órgano deliberante de la ONU, se reunirá en un periodo especial de sesiones sobre las drogas para debatir las prioridades sobre el control mundial de drogas, incluido el uso de la pena de muerte para los delitos de drogas. El último periodo especial de sesiones en torno a este tema tuvo lugar en 1998.
Ejemplos de países
China llevó a cabo más ejecuciones que todo el resto del mundo junto pero, puesto que las cifras sobre la pena de muerte se tratan como secreto de Estado en el país, resulta imposible determinar el número exacto. Basándonos en los datos que se han podido confirmar, se concluye que los casos de personas condenadas por delitos de drogas constituyen una proporción considerable de las ejecuciones llevadas a cabo. En los últimos años, China ha hecho algunos intentos de reducir su uso de la pena capital, por ejemplo reduciendo el número de delitos punibles con la muerte. Sin embargo, los delitos de drogas siguen castigándose con la muerte.
Irán es el segundo verdugo más prolífico del mundo, superado sólo por China, y en las últimas décadas ha ejecutado a miles de personas por delitos relacionados con las drogas. Sus draconianas leyes respecto a las drogas significan que una persona puede ser condenada a muerte por estar en posesión de 30 gr de heroína o cocaína. Tan sólo en 2015 se han llevado a cabo más de 700 ejecuciones, muchas de ellas de extranjeros y de personas procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos.