"Los testimonios dicen que cientos de personas murieron. Y eso es verdad. En los 23 años que fui alcalde, perseguí el comercio ilegal de drogas. De hecho, deberían hablar de miles de muertos", ha señalado, en declaraciones recogidas por la cadena ABS-CBN.
Esta semana, un policía retirado identificado como Arturo Lascañas se retractó de su testimonio ofrecido cuando aún estaba en servicio y ha confirmado la existencia del 'escuadrón de la muerte de Dávao', agregando que Duterte pagaba a sus miembros entre 20.000 y 100.000 pesos filipinos (entre 375 y 1.870 euros), dependiendo de sus objetivos.
Duterte ha negado en reiteradas ocasiones haber estado vinculado con estos asesinatos extrajudiciales, tanto en su etapa de primer edil como cuando ha llegado a la Presidencia del país, desde donde ha lanzado una controvertida 'guerra contra las drogas' que ha dejado más de 7.000 muertos.
Sin embargo, en diciembre reconoció que él mismo había matado a delincuentes mientras era alcalde de Dávao, si bien posteriormente dio marcha atrás en sus declaraciones.
Los grupos defensores de los Derechos Humanos han documentado unas 1.400 muertes por causas sospechosas en Dávao desde principios de los años 90 y los detractores de Duterte dicen que los asesinatos extrajudiciales han aumentado desde que el mandatario asumió el cargo, el 30 de junio de 2016.
"Lascañas dice que hubo cientos de muertos. ¿Por qué debería negarlo?", ha afirmado el presidente, que ha reconocido que dio licencia a la Policía para matar, pero sólo en caso de que los sospechosos actuaran de forma violenta y pusieran en peligro su vida.
Las palabras de Lascañas son similares a las de Edgar Matobato, quien en septiembre reconoció que era un asesino a sueldo, agregando que el entonces alcalde dio órdenes para que se llevaran a cabo asesinatos extrajudiciales.
OFENSIVA CONTRA DE LIMA
En este contexto, la senadora Leila de Lima, una de las más críticas con Duterte y de las que más ha tratado de sacar a la luz las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por Duterte no sólo como alcalde de Dávao sino también desde que llegó a la Presidencia, ha sido detenida acusada de narcotráfico.
Arrestada el viernes en el Senado, donde había pasado la noche tras evitar una detención en la víspera, es acusada por su presunta participación en la proliferación de narcóticos en la prisión de Bilibid.
Además de De Lima, las denuncias también incluyen al exsubsecretario de Justicia Francisco Baraan III, a tres exasesores de seguridad de la senadora y al que fue responsable del departamento de Penitenciarías, Franklin Bucayu.
En un vídeo, De Lima defiende que la presentación de cargos criminales contra ella "es únicamente el cumplimiento de la fijación del señor Duterte con la venganza contra mí, debido a mi investigación sobre los 'escuadrones de la muerte' de Dávao cuando era presidenta de la Comisión de Derechos Humanos", ha explicado.
"La verdad es que a pesar de que ha matado a más de mil personas en Dávao y a más de 7.000 en todo el país con estos 'escuadrones de la muerte' y sus policías sin escrúpulos, aún tiene que pagar por esto ante la Justicia", ha añadido.
"Pero lo hará pronto", ha apuntado.