Además de ese importe por escaño, el Estado pagará a los partidos 1,08 euros por cada voto obtenido, siempre que logren al menos un escaño en la Eurocámara.
Las cantidades son las fijadas en la reforma de la Ley Electoral promulgada en enero de 2011. El Gobierno argumenta que las actuaciones que impliquen gasto público deben supeditarse "de forma estricta" al cumplimiento de la sostenibilidad financiera, y alude incluso al artículo 135 de la Constitución, reformado en agosto de 2011, para consagrar la estabilidad presupuestaria.
Hacienda menciona además en la necesidad de mantener "niveles de inflación moderada" y los principios del proyecto de ley de desindexación, según la cual las tarifas aplicables a la gestión de servicios públicos no podrán referenciarse a índices o fórmulas, tal como prevén ya los Presupuestos Generales del Estado de este año.
Además, para cubrir los gastos del envío de propaganda electoral gratuita, el Estado aportará 16 céntimos por elector siempre que la candidatura obtenga escaños y un respaldo mínimo del 15 por ciento de los votos, un umbral que sólo suelen superar los dos partidos mayoritarios.
Para el resto se prevén 11 céntimos por elector, siempre que la candidatura haya logrado un mínimo del 6 por ciento; tres céntimos si sólo se supera el 3 por ciento y dos céntimos si se logra el 1 por ciento de los votos emitidos. En todos los casos es necesario lograr al menos un eurodiputado.
Esta ayuda al 'mailing' no entá incluida en el límite de gastos electorales para la campaña, que el Gobierno ha fijado, conforme la legislación, en el resultado de multiplicar 19 céntimos por el número de habitantes correspondiente a la población de derecho en las secciones electorales donde se haya solicitado difundir papeletas.
Teniendo en cuenta que la población de derecho para estas elecciones de circunscripción única (todo el país) roza los 36,6 millones de personas, el límite máximo de gastos electorales podría 6,94 millones de euros.