El primer ministro checo, Jan Fischer, ha optado por aplazar hasta mañana la discusión sobre el caso irlandés, a la vista del bloqueo de la situación y tras constatar la firmeza de la posición de Dublín.
Según fuentes comunitarias, el primer ministro irlandés, Brian Cowen, insiste en que las "garantías" que sus socios están dispuestos a ofrecer para que pueda celebrarse otra consulta sobre el nuevo tratado tienen que tomar la forma de un protocolo.
No le basta una mera decisión o declaración política de los líderes.
Esta solución implica que el texto debería ser ratificado en todos y cada uno de los estados miembros, lo que no resulta aceptable para los demás, especialmente aquellos como el Reino Unido, la República Checa y Polonia, donde la aprobación del Tratado de Lisboa ha resultado tortuosa.
Las "garantías" constituyen una serie de aclaraciones y compromisos que pretenden tranquilizar a los ciudadanos irlandeses sobre la inocuidad del nuevo Tratado respecto a cuestiones sensibles para ellos como la política de neutralidad, la soberanía fiscal, la legislación sobre el aborto o los derechos laborales.
Con esas garantías como elemento nuevo, el gobierno irlandés cree justificado repetir la consulta sobre el nuevo Tratado.
Pero el "taoiseach" (primer ministro) ha pedido que esas garantías tengan un carácter jurídico vinculante como el de los protocolos anejos a los tratados comunitarios.
Cowen, según fuentes comunitarias, exige que el protocolo irlandés sea ratificado separadamente, sin esperar al tratado de adhesión de un próximo estado miembro (Croacia o Islandia), lo cual rechazan absolutamente gobiernos como el británico.
Croacia, por otro lado, vio hoy alejarse de nuevo la perspectiva de una reanudación rápida de sus negociaciones de adhesión a la UE: sus conversaciones con Eslovenia, bajo mediación comunitaria, para resolver el litigio fronterizo entre ambos países balcánicos han quedado "rotas".
Delegaciones del máximo nivel trataron hoy en Bruselas sin éxito de avanzar en la última propuesta de solución presentada a las partes por el comisario europeo Olli Rehn.
Los gobernantes comunitarios han dedicado su sesión de trabajo de la tarde a debatir principalmente la propuesta de la Comisión Europea sobre supervisión y prevención de crisis financieras.
Durante la cena, se espera que los Veintisiete confirmen al portugués José Manuel Durao Barroso para un segundo mandato de cinco años como presidente de la Comisión Europea, aunque su designación formal quedará pendiente del voto en dos tiempos (julio y octubre) en el recién elegido Parlamento europeo.
El debate sobre la supervisión financiera ha arrojado de momento pocas novedades. Según un portavoz europeo, el primer ministro británico, Gordon Brown, ha tratado de acercar a los demás a sus argumentos.
Brown dijo que apoya la reforma del sistema comunitario de supervisión financiera, pero que no aceptará ceder a autoridades supranacionales la potestad de decidir sobre las responsabilidades presupuestarias en caso de problemas en una entidad.
Antes de reunirse con el resto de líderes de los Veintisiete, insistió en la necesidad de establecer un nuevo marco de vigilancia del sector financiero, tanto en la UE como a nivel global, para que no se repitan los errores que desencadenaron la actual crisis.
Según el premier británico, la UE deben mejorar los mecanismos de detección de amenazas a la estabilidad financiera, aumentar la cooperación en materia de supervisión y garantizar que los estándares y reglas comunes se aplican de manera efectiva.
Por eso, aseguró que respalda la creación de un nuevo Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, encargado de emitir alertas y recomendaciones si detecta riesgos.
Reino Unido también está de acuerdo en mejorar la supervisión transfronteriza, cada vez más necesaria dada la creciente integración del sector financiero europeo, y en reforzar la legislación común sobre la materia.
Pero en ningún caso admite que las autoridades nacionales pierdan capacidad decisoria en cuestiones que puedan afectar al presupuesto del país.
Pocos movimientos igualmente en lo que respecta a la posición europea de cara a la decisiva cumbre sobre el clima de finales de año.
Suecia, país que ejercerá la próxima presidencia de turno de la UE, se comprometió hoy a presentar un calendario con los pasos a seguir de cara a la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático que se celebra del 8 al 17 de diciembre en Copenhague.