"Ante la falta de prestación de servicios médicos y de salud en 74 establecimientos carcelarios y la urgencia para atender a la población reclusa (...), el Consejo Directivo decretó la emergencia carcelaria", ha anunciado el Ministerio en un comunicado.
Justicia ha explicado que "esta declaratoria otorga facultades especiales para tomar acciones expeditas que permitan hacer frente a la crisis carcelaria en términos de contratación directa de obras de mejoramiento en unidades de sanidad, compra de medicamentos y atención urgente".
Como medidas inmediatas, Londoño ha ordenado "realizar brigadas de salud" integradas por funcionarios y ONG; "obras de mantenimiento, rehabilitación y dotación de las áreas de sanidad"; y "modificar el manual para que profesionales de la salud que son funcionarios en áreas administrativas puedan realizar funciones asistenciales".
"Estas medidas de carácter inmediato no dejan de lado la estructuración de una solución de fondo a la crisis", sino que "responden a una situación urgente mientras las entidades involucradas en el sistema penitenciario adoptan las medidas de fondo para que el nuevo modelo de salud entre en vigencia", ha aclarado.
De acuerdo con los datos proporcionados por el departamento que dirige Londoño, actualmente hay 611 internos con VIH, 89 con cáncer, 1.112 con diabetes, 188 con Epoc y 2.884 psiquiátricos, de ahí la necesidad de decretar la "emergencia carcelaria".