"El Gobierno egipcio lamenta que el informe de HRW no mencione de forma deliberada que cientos de civiles, policías y militares han muerto a causa de lo que describe como manifestantes pacíficos", ha dicho en su comunicado.
"El informe ignora que el primer mártir por arma de fuego durante la dispersión de la sentada en Rabaa (al Adawiya) fue un agente de policía", ha agregado, según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'.
Así, el Gobierno ha asegurado que el informe de HRW "está sesgado hacia las afirmaciones de la organización terrorista Hermanos Musulmanes", a la que pertenecía Mursi y declarada como tal tras su derrocamiento, a pesar de que se define como una formación pacífica y ha condenado la violencia en numerosas ocasiones.
Por otra parte, el Gobierno egipcio ha acusado a HRW de "violar la ley" al llevar a cabo las investigaciones y las entrevistas sin contar con permiso legal para ello.
El lunes, las autoridades negaron la entrada al país al director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, y a la directora de HRW para Oriente Próximo y el Norte de África, Sarah Leah Whitson, citando "razones de seguridad". Roth y Whitson habían viajado a El Cairo para participar en la publicación del citado informe.
En el mismo, la ONG ha reclamado una investigación por la matanza "sistemática" de manifestantes y ha denunciado cómo las fuerzas de seguridad egipcia dispararon con "munición real" contra multitudes de manifestantes. El mayor número de víctimas --al menos 817-- se produjo durante el desalojo de dos campamentos de protesta el 14 de agosto de 2013.
Según HRW, la intervención en Rabaa al Adawiya fue una acción "ampliamente desproporcionada" y "premeditada", en la medida en que las propias autoridades asumían que podía producirse un gran número de víctimas.
En este sentido, ha recordado que el uso puntual de armas por parte de algunos de los manifestantes "no justifica" la magnitud de las intervenciones, en la que el Gobierno también recurrió a vehículos blindados, maquinaria pesada, militares y francotiradores.
HRW ha recogido declaraciones de más de 200 testigos, ha visitado los lugares de la represión y ha visto horas de grabaciones para concluir que las intervenciones de policías y militares contra manifestantes afines a Mursi podrían ser constitutivos de crímenes contra la humanidad, debido a "la naturaleza extendida y sistemática" de las masacres y la utilización, "por razones políticas", de "fuerza letal" contra personas desarmadas.
Las autoridades egipcias, sin embargo, no han llevado a cabo investigaciones o procesado a los responsables de supuestos delitos dentro del Gobierno o las fuerzas de seguridad.
RESPONSABILIDADES DE ALTOS CARGOS
HRW, que ha planteado la creación de una comisión específica del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha identificado a "más de una docena" de dirigentes en la cadena de mando que podrían ser procesados, incluidos los antiguos ministros de Interior y de Defensa o el actual presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, que en 2013 lideraba las Fuerzas Armadas.
El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, ha asegurado que "en la plaza de Rabaa (al Adawiya), las fuerzas de seguridad egipcias perpetraron una de las mayores matanzas de manifestantes en un solo día de la historia reciente". Roth ha insistido en que no murieron cientos de personas sólo por la mala planificación, sino que la acción "violenta" fue decidida "en los máximos niveles" gubernamentales.
"El legado de la masacre de Rabaa (al Adawiya) sigue extendiendo una negra sombra sobre Egipto", que no podrá avanzar hasta que no aclare esta "mancha sangrienta" de su pasado.
A las muertes durante la represión de las protestas tras el golpe de Estado de 2013 también se sumaron cientos de arrestos que, en algunos casos, terminaron en malos tratos y torturas o incluso en "ejecuciones sumarias", como han relatado testigos a HRW.
Desde julio y agosto del año pasado, las autoridades egipcias han emprendido una represión "sin precedentes" y han limitado libertades básicas como asociación, expresión o reunión, según la ONG. Asimismo, el informe también recoge "arrestos arbitrarios masivos" y cita, de forma específica, las 22.000 detenciones de simpatizantes de Hermanos Musulmanes.