El pasado 4 de octubre fueron ejecutados seis presos "sin previo aviso", según ha informado la organización de Derechos Humanos en un infome. A estos casos les sucedieron las ejecuciones de once reclusos el 7 de octubre y de otros seis al día siguiente.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Justicia, los 23 presos han sido ejecutados por "delitos criminales y terroristas". Estas ejecuciones, según la misma fuente, eleva a 119 las cometidas en lo que va de año, "lo que convierte al país en un destacado usuario de la pena de muerte en la región", según HRW.
Este "escandaloso encadenamiento de ejecuciones" y la escasa información aportada por las autoridades "subrayan la naturaleza opaca y preocupante del sistema judicial iraquí", declaró el subdirector para Oriente Próximo y Norte de África de Human Rights Watch, Joe Stork. "En lugar de ejecutar a la gente, Irak debe focalizarse en la reforma de sus sistemas judicial y de seguridad a fin de proteger a sus ciudadanos del aumento de las violaciones de los Derechos Humanos", añadió.
Según HRW, cada vez que se les ha criticado por la pena de muerte, las autoridades iraquíes han respondido que esta práctica está "enraizada" en su tradición cultural.
"No obstante, el predominio de los juicios sin garantías y de las torturas en régimen de detención, sobre todo en los casos de seguridad nacional y terrorismo, son seriamente preocupantes y hacen que la falta de transparencia en la imposición de la pena de muerte en Irak sea particularmente escandalosa", denunció la organización.