La organización ha instado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a que investigue las muertes y atienda a las víctimas. "Washington y Europa han vuelto a hacer negocios con un Gobierno que celebra más que investiga lo que podría representar la mayor matanza de manifestantes en la historia moderna", ha afirmado el subdirector de Oriente Próximo, Joe Stork.
"El Consejo de Derechos de la ONU, que todavía no ha abordado el deterioro de los derechos en Egipto, es uno de los pocos caminos que quedan para buscar responsabilidades en esta brutal masacre", ha añadido. HRW denuncia que Estados Unidos y los aliados europeos de Egipto han retomado las relaciones con el país norteafricano, incluyendo apoyo logístico y militar, sin que haya habido un intento serio de juzgar al Ejecutivo del presidente, Abdelfatá al Sisi.
MATANZA DE RAB'A AL-ADAWIYA
La dispersión violenta de la plaza de Raba al Adawiya tuvo lugar el 14 de agosto de 2013, un mes después de que el Ejército egipcio, liderado por Al Sisi, derrocara al entonces presidente, Mohamed Mursi. Enmarcada en unas jornadas de represión, en las que se calcula que murieron más de 1.000 personas, la matanza de Raba al Adawiya se produjo después de que el nuevo Gobierno dispersara la plaza, ocupada por miles de seguidores de Mursi que exigían su vuelta.
A primera hora del día 14, francotiradores y miembros de seguridad fuertemente armados abrieron fuego contra la masa que se congregaba en un campamento organizado en la plaza, poco después de que la Policía anunciase por megafonía la evacuación. Según denuncia HRW, la Policía no proporcionó una salida a las personas que agolpaban la plaza y dispararon a todos los que escapaban.
Las autoridades han reconocido que la acción policial dejó un alto número de víctimas: tanto el ministro de Interior, Mohamed Ibrahim, y el primer ministro, Hazem al Beblawy, han asegurado públicamente que esperaban más muertos. En una entrevista, Al Beblawy reconoció que "todas las opciones eran malas" para resolver la acampada en la plaza Raba al Adawiya y se excusó asegurando que no se debería juzgar a nadie "por un error".
POLÍTICA DE MATANZAS
La organización, que ha recolectado pruebas y testimonios durante dos años, ha asegurado que estas pruebas sugieren que las matanzas formaban parte de una política de violencia por la cual se usaban indiscriminadamente fuerzas letales contra masas de manifestantes.
El Gobierno no ha publicado un informe completo sobre la masacre y no parece que tenga intención de hacerlo. La Fiscalía General no ha abierto ninguna investigación ni ha presentado ninguna imputación y, paradójicamente, la única acción de Al Sisi con respecto a la plaza ha sido cambiar el nombre por el de Hisham Barakat, el fiscal general que aprobó la dispersión violenta en 2013.
"La falta de justicia para las víctimas de la masacre de Raba y otros asesinatos masivos sigue siendo una herida abierta en la historia de Egipto", ha asegurado Stork. "Resolver este crimen es algo necesario antes de que Egipto pueda seguir avanzando", ha concluido.