El 15 de septiembre, un grupo de jóvenes agredió a varios participantes en un encuentro organizado por líderes opositores para reclamar al presidente, Joseph Kabila, que presentara su dimisión tras el fin de su segundo mandato, en diciembre de 2016, tal y como establece la Constitución.
Los atacantes utilizaron bates y palos de madera para golpear a los manifestantes, hiriendo a más de una decena de personas, entre ellas algunas que fueron pisoteadas tras caer al suelo cuando intentaban huir.
"La gente en RDC tiene el derecho a manifestarse pacíficamente sobre el límite a los mandatos presidenciales sin ser atacada por 'matones' contratados", ha dicho Ida Sawyer, investigadora de HRW.
"La aparente participación de altos cargos de las fuerzas de seguridad y del partido gubernamental en el violento ataque muestra la distancia que está dispuesta a recorrer las autoridades para bloquear las protestas opositoras", ha agregado.
La ONG, que ha entrevistado a víctimas, testigos, trabajadores sanitarios y varios de los agresores, ha señalado que entre los asaltantes había miembros de la 'liga joven' del Partido del Pueblo por la Reconstrucción y la Democracia (PPRD) de Kabila. Asimismo, ha apuntado que agentes de los servicios de Inteligencia, policías y soldados vestidos de paisano participaron en las agresiones.
Varios de los jóvenes responsables de las palizas han dicho a HRW que se encontraban entre las más de cien personas reclutadas por altos cargos de las fuerzas de seguridad y del PPRD, cobrando unos 65 dólares (cerca de 58 euros) por ello.
"Nos dijeron que atacáramos a los manifestantes y creáramos desorden en cuanto alguno de los líderes opositores insultara a Kabila", ha relatado uno de ellos, afirmando que recibieron instrucciones durante un encuentro en un campamento militar en Kinshasa la noche anterior.
Un empleado de una morgue ha afirmado además que uno de los atacantes murió debido a los golpes recibidos por algunos manifestantes que reaccionaron defendiéndose con violencia, asegurando que varios agentes ordenaron que no informaran a nadie sobre la presencia del cuerpo en el lugar y que le registraran como "cuerpo del Estado", evitando que su familia pudiera reclamarle.
"La historia de graves violaciones de los Derechos Humanos de RDC debe poner a los gobiernos interesados en alto nivel de alerta ante la violencia política y la represión antes de que se recrudezca", ha dicho Sawyer.
"Deben presionar al Gobierno (de RDC) para que libere a los que han sido detenidos injustamente y a que investigue a los responsables de los ataques contra manifestantes pacíficos. Disuadir los abusos es menos costoso que intentar recoger luego los restos", ha remachado.