El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, ha enviado una carta a los jefes de Estado de la UE para reclamarles que rechacen los nuevos elementos del Plan Conjunto de Acción en el Consejo Europeo, entre el 17 y el 18 de marzo.
Así, ha recalcado que "existe una contradicción en la base de este plan", apuntando que las expulsiones colectivas están prohibidas por la Convención Europea sobre Derechos Humanos y agregando que se ha de determinar si esa persona necesita protección internacional.
"Las leyes de la UE y sobre refugiados requieren que una demanda sobre la concesión del estatus de refugiado u otra protección subsidiaria sea considerada detenidamente, y que nadie que la formule sea devuelto (a su país) de forma forzosa", ha recordado Roth.
Asimismo, ha expresado su preocupación por el plan para cambiar un refugiado al que se de acogida en Turquía por cada solicitante de asilo sirio que sea devuelto al país desde Grecia.
"Apoyamos el incremento de las acogidas de refugiados de Turquía y otros países fronterizos, y compartimos la esperanza de que esta posibilidad convenza a los refugiados sirios de que pueden residir de forma segura y digna en Turquía y otros países de asilo hasta que se solucione su demanda", ha apuntado.
"Sin embargo, advertimos contra cualquier sugerencia de condicionalidad entre el asentamiento de refugiados y el retorno forzoso de los solicitantes de asilo", ha dicho, argumentando que "el reasentamiento no puede ser nunca sustituto del derecho al asilo".
HRW ha señalado que la propuesta de la UE para mejorar las condiciones humanitarias en el interior de Siria para permitir que la población local y los refugiados vivan en zonas más seguras es "peligrosa".
"El contexto amplio de este acuerdo deja claro que este comportamiento conjunto no tiene como objetivo proteger a los sirios, sino contener el flujo de personas desplazadas. Es más probable que se convierta en una trampa mortal que en una zona segura", ha remachado Roth.
Por último, la ONG ha alertado del deterioro de la situación de Derechos Humanos en Turquía, expresando su preocupación ante la posibilidad de que la UE priorice solucionar la crisis de refugiados "haciendo la vista gorda con las acciones del presidente turco (Recep Tayyip Erdogan) contra los Derechos Humanos y para desmantelar el marco democrático del país".
EL PRINCIPIO DE ACUERDO
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea alcanzaron la semana pasada un principio de acuerdo con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, para poner en marcha un programa para deportar a Turquía a "todos los inmigrantes", incluidos los demandantes de asilo sirios, que lleguen a la UE a través de este país, a cambio de que los estados miembro reubiquen a un número equivalente de refugiados asentados ya en Turquía.
Pese a que se trata de un principio de acuerdo en lo político, que deja abiertas cuestiones técnicas y jurídicas, los líderes aseguraron en su declaración que el acuerdo de deportar a todos los migrantes que lleguen desde Turquía se aplicará a todos los que lleguen "desde hoy".
La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió en una rueda de prensa la término de la cumbre de que todos aquellos inmigrantes que lleguen "de manera ilegal" a Grecia "no serán parte del programa de reubicación", lo que limitará mucho sus posibilidades de recibir asilo en la UE.
Los líderes europeos afirmaron en la declaración que todas las disposiciones del acuerdo --aún por definir en sus detalles-- cumplirá plenamente con el derecho europeo y con el internacional.
Para que la devolución de un demandante de asilo a un tercer país sea compatible con el derecho internacional, es necesario que este país, Turquía en este caso, sea considerado como 'país seguro'. Se trata de una noción que "no existe como posibilidad" a nivel de la UE, pero que sí se da a nivel bilateral en el caso de las relaciones entre Grecia y Turquía.
El compromiso que debe ser perfilado en los próximos días recoge de nuevo el compromiso de desembolsar 3.000 millones de euros para ayudar a Ankara a atender a los más de 2,7 millones de refugiados en su territorio y apunta la posibilidad de sumar a este esfuerzo "fondos adicionales".
Los compromisos esbozados en la declaración de la cumbre recogen, asimismo, la disposición para "acelerar" la 'hoja de ruta' para retirar la exigencia de visados a los nacionales turcos "a más tardar a finales de junio de 2016", y no en octubre como se contemplaba inicialmente.