El letrado Yves Repiquet ha declarado a la cadena francesa BFM TV que Lagarde, que asumió el cargo el pasado mes de julio, ha recibido la noticia con tranquilidad e incluso con alivio porque por fin han concluido el debate y la especulación sobre si finalmente sería investigada en relación con el pago que recibió un empresario al ganar un caso de arbitraje.
"Este procedimiento no es para nada incompatible con sus funciones actuales como directora gerente del FMI", ha asegurado en un comunicado emitido inmediatamente después de que se conociera la noticia.
El Tribunal de Justicia de la República, que puede juzgar a ministros, ha anunciado su decisión después de una reunión de varias horas en la que se han evaluado los resultados de una investigación preliminar realizada por un equipo de magistrados.
La Comisión de Peticiones del tribunal intentará averiguar si la exministra fue cómplice en un delito de falsedad y en otro de malversación de fondos públicos, punibles con hasta diez años de prisión y 150.000 euros de multa. El fiscal general del Tribunal de Casación, Jean-Louis Nadal, había optado por la calificación de "abuso de autoridad", punible con hasta cinco años de prisión.
Lagarde ha sucedido al frente del FMI al también francés Dominique Strauss-Kahn, que se vio obligado a dimitir cuando fue acusado de haber agredido sexualmente e intentado violar a una empleada de un hotel de Nueva York. Ahora los jueces franceses podrían llamarla a declarar en el marco de un proceso que podría durar meses o incluso años.
Lo que se investiga
El opositor Partido Socialista había pedido que se investigase a Lagarde porque considera que favoreció al empresario Bernard Tapie --amigo del presidente francés, Nicolas Sarkozy-- frente a Crédit Lyonnais en el caso de arbitraje por la venta de la compañía Adidas en 1993. El empresario había acusado a la entidad de engañarle cuando vendió su parte de Adidas.
Nueve diputados socialistas habían enviado una carta al fiscal general en el Tribunal de Casación para denunciar la decisión de la entonces ministra de Economía de recurrir a un tribunal de arbitraje para arreglar este asunto en vez de acudir a la justicia tradicional cuando se trataba de dinero público.
El pasado mes de mayo, Nadal remitió el caso a la Comisión de Peticiones del Tribunal de Justicia de la República por considerar que existían elementos susceptibles de constituir un "abuso de autoridad" por parte de la ministra en el arbitraje favorable a Tapie en 2008.
Lagarde siempre ha insistido en que tiene "la conciencia totalmente tranquila" en un caso que, según ella, "no tiene ninguna sustancia de naturaleza penal". "Decida lo que decida la comisión de peticiones sobre las investigaciones, tengo exactamente la misma confianza y la misma serenidad", afirmó el pasado mes de julio.
En julio de 2008, tres jueces árbitros, uno de los cuales ha visto su imparcialidad cuestionada, determinaron que Tapie debía recibir casi 400 millones de euros (285 millones más daños e intereses por los perjuicios morales). Lagarde aprobó esa decisión.
Los socialistas también reprochan a la ex ministra que estuviese al tanto de la parcialidad de algunos de los jueces y no actuase al respecto y que no presentase un recurso contra el arbitraje pese a que varios especialistas lo habían recomendado. CGS