La pareja había pactado la inseminación artificial al no poder concebir hijos de forma natural, pero los planes se vieron truncados al fallecer el marido en julio de 2015, después de someterse a un trasplante de corazón.
La mujer decidió seguir adelante pero la clínica se negó a entregar el esperma citando la Ley de Protección de Embriones y alegando que la petición de la demandante era inconstitucional.
El presidente del tribunal ha admitido que no se trataba de una cuestión "fácil de responder" y ha apuntado que "no todo lo que es técnicamente factible debe ser permitido por la ley". Finalmente, la sentencia --recurrible-- ha establecido que "la Ley de Protección de Embriones prohíbe la utilización del semen de un hombre tras su muerte".