"Los vecinos de Karatina decidieron tomar anoche la justicia por su mano y responder, armados con machetes y hachas, a las provocaciones de los Mungiki, que llevan casi dos décadas extorsionándoles de forma sistemática", dijo a Efe un alto cargo de de la policía keniana que pidió mantener el anonimato.
Según la fuente, los enfrentamientos comenzaron después de que los Mungiki intentaran expulsar de Karatina, bajo amenaza de muerte, a quienes se negaban a pagar unos "aranceles de protección".
Por su parte, el periódico "The Standard" explica que los vecinos de la localidad entraron por la noche en las casas de los Mungiki y "haciendo uso de la misma brutalidad por la que son conocidos los miembros de esta secta ilegal, los mataron a machetazos mientras dormían e incendiaron luego sus chozas".
El diario puntualiza que "todas las víctimas son hombres" y que sus "cuerpos, muchos de ellos decapitados, fueron arrojados a los caminos cercanos, provocando el horror de los aldeanos".
En respuesta al ataque de los vecinos de Karatina, otros miembros de la secta Mungiki llegaron al poblado en vehículos para defender a sus compañeros y los enfrentamientos causaron un número mayor de víctimas, que "aún puede aumentar", señaló a su vez el portavoz de la policía keniana,Eric Kiraithe, en un comunicado a los medios de prensa.
"Todavía no podemos identificar cuántos Mungiki y vecinos del pueblo fueron asesinados, pero ya hemos detenido a más de 40 sospechosos que nos ayudarán a esclarecer lo sucedido", señala Kiraithe en su nota.
Sin embargo, la fuente policial anónima consultada por Efe opinó que "los enfrentamientos se vieron favorecidos por una orden que el Gobierno dio a la policía de no controlar a los Mungiki después de que la ONU acusara al comandante (de este organismo de seguridad) de orquestar ejecuciones extrajudiciales de forma sistemática".
El pasado 25 de febrero, Philip Alston, un analista de la ONU en estas ejecuciones extrajudiciales, declaró que en Kenia hay policías y políticos implicados en estos crímenes y apuntó a que sus objetivos eran, en muchas ocasiones, miembros de los Mungiki.
Sólo una semana después, dos prominentes activistas pro derechos humanos kenianos, Oscar Kamau y John Paul Oulu, que secundaron la acusación de Alston, fueron asesinados a tiros en su vehículo en una calle céntrica de Nairobi.
Los lazos entre los Mungiki y altos cargos políticos y policiales kenianos han sido denunciados por varias organizaciones, que aseveran que el Gobierno y las fuerzas de seguridad se nutren de los miembros de la secta cuando la situación les conviene y les detienen y asesinan cuando quieren demostrar a la población que luchan contra el crimen organizado.
Aunque los Mungiki fueron ilegalizados por el presidente keniano, Mwai Kibaki, en julio de 2007, el año pasado distintos sectores le acusaron de orquestar junto con algunos líderes políticos la violencia postelectoral que causó más de 1.500 muertos y 400.000 desplazados.
Los Mungiki son una formación integrada por miles de personas de la etnia mayoritaria kikuyu -la misma de Kibaki-, que se autoproclaman herederos de los rebeldes "Mau-Mau", que lucharon por la independencia de Kenia del Reino Unido en los años 60.
A pesar de sus supuestos preceptos étnicos y religiosos, la población alega que se han convertido en una secta que emplea prácticas mafiosas para hacerse con el control de algunas zonas que consideran sus feudos, en el centro de Kenia y algunos suburbios de Nairobi, además de coaccionar y cometer asesinatos siguiendo rituales esotéricos.