"El Derecho Internacional, que Bangladesh considera vinculante, establece que la pena capital sólo puede imponerse tras la realización de procesos que cumplan los más estrictos requisitos de un juicio justo, ya que de otro podo podría considerarse como una ejecución arbitraria", han dicho.
Los expertos --los relatores sobre ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, independencia de los jueves y abogados, y torturas-- han lamentado que el Gobierno "haya incumplido las recomendaciones para remediar la situación de Alí".
El alto cargo de Jamaat-e-Islami fue condenado a muerte en 2014 por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra, sentencia que fue confirmada por el Tribunal Supremo en marzo de este año.
Alí, actualmente un importante empresario en el sector de los medios de comunicación y comandante de la milicia Al Badr durante el conflicto, es considerado como uno de los principales responsables de financiar a Jamaat-e-Islami.
La primera ministra de Bangladesh, Sheij Hasina, creó en 2010 el tribunal de crímenes de guerra para investigar los abusos cometidos durante la guerra de independencia, que dejó tras de sí tres millones de muertos y la violación de miles de mujeres.
La oposición ha denunciado que el Gobierno utiliza esta corte como instrumento político, para atacar a miembros de Jamaat-e-Islami y del otro gran bloque opositor, el Partido Nacionalista Bangladeshí.