"Hemos pedido a las autoridades nepalíes que garanticen que los estándares nacionales e internacionales sobre el apropiado uso de la fuerza son respetados por parte de las fuerzas de seguridad", ha dicho la portavoz del organismo, Ravina Shamdasani.
Asimismo, ha criticado la obstrucción de las líneas de suministro en la frontera con India, resaltando que "se trata de una grave violación del Derecho Humanitario", al tiempo que ha reclamado a las partes que inicien un diálogo "inclusivo, abierto y significativo".
Durante más de dos meses, los manifestantes han estado bloqueando la entrada de camiones de la vecina India, provocando una escasez en Nepal de combustible y medicinas. Nepal culpa a Nueva Delhi por estar del lado de los manifestantes, lo que ha sido negado por las autoridades indias.
El presidente de Nepal, Ram Baran Yadav, promulgó a mediados de septiembre la primera Constitución democrática del país, un gran e histórico paso para un país que ha visto guerra, masacre y desastres por terremotos desde que inició su campaña para crear un estado moderno hace 65 años.
La promulgación de la Constitución se ha encontrado con la oposición de algunos grupos, lo que se ha traducido en unas protestas que se han saldado con numerosos muertos y heridos.
Nepal, uno de los países más pobres de Asia y con 28 millones de habitantes, quedó devastado por dos enormes terremotos en abril y mayo. Varios analistas apuntan que puede que los partidos hayan mostrado una mayor urgencia para superar el estancamiento constitucional después de las críticas a su gestión del desastre.
La nueva Constitución sella la creación de siete estados en un sistema secular y federal, pero se opone así a lo que algunos grupos querían, que era restablecer Nepal como un país hindú, mientras otros la consideran desfavorable para la gente que vive en las llanuras, cerca de India.
La nueva Constitución fue una de las condiciones del tratado de paz de 2006 con los rebeldes maoístas, que puso fin a una guerra civil de diez años que se cobró la vida de más de 17.000 personas. El régimen monárquico, de 239 años de antigüedad, fue abolido dos años después del fin del conflicto.