Los relatores especiales sobre libertad de expresión, libertad de reunión, situación de los defensores de Derechos Humanos, protección y promoción de libertades en la lucha contra el terrorismo y derecho a la privacidad han hecho públicas sus preocupaciones por las irregularidades que, en su opinión, se están cometiendo en Francia. Asimismo, han recomendado que no se prorrogue el estado de emergencia más allá del 26 de febrero.
La lista de quejas incluye la falta de concreción de las medidas que rigen bajo el estado de emergencia y, en este sentido, los relatores han pedido al presidente galo, François Hollande, que de cara a posibles reformas quede garantizado el cumplimiento de las leyes internacionales sobre Derechos Humanos, al margen de la situación coyuntural de seguridad.
Los expertos han recomendado revisiones judiciales previas de cualquier medida antiterrorista, así como de las labores de recogida de datos y vigilancia. La nota divulgada recuerda que Francia debe acatar su "obligación internacional" para "asegurar una protección adecuada frente a los abusos" en el uso de "las medidas excepcionales y de vigilancia en el contexto de la lucha contra el terrorismo".
Han instado a las autoridades francesas a aplicar las "medidas excepcionales" únicamente "para los propósitos para los que fueron prescritas" y en relación al "objetivo específico que las inspiró". Los relatores han expresado su "alarma" por el arresto domiciliario de varios activistas medioambientales.