Los argumentos esgrimidos por Calderón son que la empresa presenta "comprobada ineficiencia operativa y financiera", tiene un pasivo laboral de 240.000 millones de pesos (18.000 millones de dólares) y sus costes "casi duplican a sus ingresos por ventas".
En el decreto, el mandatario afirma que desde su creación LyFC "no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han incrementado en los últimos años".
Esas transferencias, dijo Calderón, aumentaron en más de un 200 por ciento entre 2001 y 2008.
También aseguró que "los resultados reportados por Luz y Fuerza del Centro son notablemente inferiores respecto de empresas u organismos que prestan el mismo servicio a nivel internacional".
Asegura que los trabajadores de la empresa serán indemnizados conforme a las leyes laborales.
Según fuentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la empresa tiene 88.000 trabajadores, de los cuales 60.000 están sindicalizados (20.000 de ellos son jubilados) y el resto trabaja de forma temporal.
Horas antes de publicarse el decreto, agentes federales tomaron las instalaciones de LyFC, cuyos trabajadores agrupados en el SME mantienen un fuerte enfrentamiento con el Gobierno porque no reconoce a su líder sindical, Martín Esparza.
En defensa de su líder, miles de trabajadores marcharon el pasado jueves por las calles del centro de la capital en dirección a la residencia presidencial de Los Pinos.
Los sindicalistas denunciaron hoy que en ningún momento fueron notificados de la ocupación de las instalaciones de la empresa por parte de la Policía Federal.